La Corte Suprema dispuso este lunes que el juzgado federal de Paraná le remita el expediente por el cual otorgó la medida cautelar que frenó la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, al tiempo que remitió al juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 la causa en la que resolvió la inconstitucionalidad de la integración del organismo que selecciona y remueve a los magistrados.

"Por disposición del Tribunal, requiérase al titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná que, en el plazo de tres horas, remita, en formato digital, la causa CAF 3415/2022 Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacional y otro s/ amparo ley 16.986", sentenció la Corte.

La medida tiende a consolidar los pasos para resolver el amparo y, de esta manera, dejar allanado el camino para que el Consejo vuelva a su integración de 20 miembros con el titular Horacio Rosatti al frente del organismo.

Elegidos ya los nuevos miembros técnicos -jueces, abogados y el académico que se conocerá este lunes-, resta despejar el amparo presentado por el diputado Marcelo Casaretto en la Justicia federal, en un intento de defender las "facultades del Congreso" para sancionar una ley que regule la composición y el funcionamiento del Consejo.

La oposición en el parlamento ya anticipó que pedirá un "salto de instancia" para que la Corte entienda inmediatamente en la ponderación del recurso, y el pedido de enviar el expediente en "3 horas" parece tener relación con esta necesidad.

En ese sentido, el abogado Guillermo Sagués presentó por la mañana el pedido de "per saltum" a la Corte, en razón "de la urgencia y gravedad institucional que el caso conlleva".

Sagués fue elegido consejero bonaerense en 2003 como representante de los abogados del interior del país y ya se expresó públicamente acerca de la falta de "equilibrio" en el Consejo de la Magistratura.

También mediante un escrito firmado este lunes, la Corte remitió para su consideración el expediente iniciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que planteó la inconstitucionalidad en la composición del Consejo y obtuvo un fallo de la Corte.

En diciembre del año pasado, la Corte declaró inconstitucional el balance entre consejeros técnicos y políticos, y fijó un plazo de 120 días -que venció el viernes último- para que el Congreso sancionara una nueva ley o se volviera a la composición de veinte miembros previa a la ley modificada en 2006 que los redujo a 13.