Ahora, el imputado deberá permanecer en el Servicio Penitenciario Provincial hasta el inicio del juicio oral.

La medida fue tomada luego de un recurso presentado por el fiscal Ernesto Lutens, quien argumentó la existencia de riesgos procesales y la gravedad de los delitos imputados. La prisión domiciliaria, otorgada anteriormente por la jueza Sandra Ehrlich, había generado un fuerte rechazo social, culminando en una marcha de familiares de la víctima el pasado 5 de noviembre. En esa ocasión, el gobernador Claudio Poggi recibió a los manifestantes y expresó su apoyo a la familia afectada.

En su resolución, el Tribunal de Impugnaciones ordenó que se garantice la atención médica del acusado dentro del penal y que se establezca una fecha próxima para el juicio, incluso habilitando la feria judicial para agilizar el proceso.

Los magistrados fundamentaron su decisión priorizando los derechos de la víctima, destacando su doble vulnerabilidad por ser niña y mujer, y subrayaron la necesidad de que la causa avance con celeridad hacia una sentencia en un tiempo razonable.

El caso continúa generando conmoción en la comunidad, que espera justicia para la menor y su familia.