El esperado mensaje del gobernador Claudio Poggi derrumbó las esperanzas de los trabajadores de la administración provincial. Ni policías, ni maestros, ni médicos ni enfermeros recibirán aumento con los sueldos de febrero y sus salarios habrán perdido más del 60% del poder adquisitivo en tan solo tres meses. Por el contrario: suben el combustible y los peajes. A los docentes les reduce el salario en un 5% ya que San Luis absorbe el incentivo docente, pero no el ítem conectividad; y solo por febrero y marzo.

Aumenta la preocupación y las sospechas en la provincia de San Luis ante un aparente incremento del gasto en personal por parte del gobierno de Claudio Poggi, a pesar de haber congelado los salarios de los trabajadores. Según lo publicado en el Boletín Oficial provincial, el presupuesto destinado a gastos de personal para el mes de febrero supera los $28.800 millones.

Este aumento representa un incremento significativo en comparación con la programación financiera de meses anteriores. En diciembre, por ejemplo, cuando se abonaron los aguinaldos, el presupuesto destinado a gastos de personal era de alrededor de $23.800 millones, lo que implica un aumento de aproximadamente $5 mil millones en tan solo dos meses. La diferencia es aún más notable si se compara con la programación financiera de noviembre, que rondaba los $18.800 millones, lo que significa un aumento de casi $10 mil millones en tres meses.

Este incremento del gasto en personal ha generado sospechas y cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad, especialmente considerando que los salarios de los trabajadores se mantienen congelados. La falta de transparencia y claridad en el manejo de los recursos públicos ha despertado inquietud y demanda de explicaciones por parte de los ciudadanos y organizaciones de la provincia.

Ante esta situación, se espera que las autoridades provinciales brinden información detallada y transparente sobre el destino de los fondos públicos y el manejo de las finanzas del Estado, garantizando la rendición de cuentas y la correcta utilización de los recursos en beneficio de toda la comunidad.

La provincia de San Luis se encuentra sumida en la indignación y la bronca ante una serie de despidos masivos en Vialidad Provincial. En apenas dos semanas, alrededor de cuarenta trabajadores han sido cesanteados, dejando a numerosas familias sin sustento y generando un clima de incertidumbre y malestar generalizado.

Según testimonios de los afectados, la notificación de los despidos llegó de manera abrupta y sin previo aviso el mismo día en que se presentaron a trabajar. Muchos de los empleados afectados contaban con años de antigüedad en la institución y se vieron sorprendidos por la falta de explicaciones sobre las causas de sus cesantías.

El malestar entre los trabajadores se agrava aún más debido a la falta de tareas asignadas desde el cambio de gestión, lo que ha llevado a una sensación de abandono y maltrato por parte de las autoridades. Se reportan casos de empleados que pasaron semanas sin actividades laborales, siendo relegados al patio de la institución sin una razón aparente.

La situación ha despertado críticas hacia la gestión del gobierno provincial, acusado de actuar con soberbia y falta de consideración hacia los derechos laborales de sus empleados. Muchos de los afectados exigen respuestas y solicitan que se reviertan los despidos, ya que, según afirman, cumplían con sus funciones de manera responsable y dedicada.

La ola de despidos en Vialidad Provincial ha generado un clima de tensión y preocupación en la provincia, resaltando la importancia de garantizar la estabilidad laboral y el respeto por los derechos de los trabajadores en todo momento.

Karla Heredia, reconocida activista trans en la Ciudad de San Luis, ha protagonizado un dramático episodio al amenazar con lanzarse desde una antena luego de ser despedida por la nueva gestión municipal. Heredia, quien asegura haber sido víctima de una persecución política, expresó su desesperación tras perder su empleo y declaró su intención de tomar medidas extremas.

Karla denuncia que su despido fue resultado de decisiones arbitrarias por parte de la nueva administración municipal, dejándola sin trabajo y sin los medios de subsistencia necesarios. Heredia afirma que este despido no solo afecta su situación laboral, sino que también representa un acto de discriminación y persecución política.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad, destacando la importancia de abordar adecuadamente las situaciones de discriminación y vulnerabilidad laboral. Se espera que las autoridades municipales tomen medidas para abordar esta situación y garantizar el respeto por los derechos laborales y la inclusión de todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.