En una jornada que quedará marcada en la historia de Villa Mercedes, más de 4.500 personas se congregaron en una movilización calificada como "histórica", constituyéndose como un segundo frente de resistencia a las medidas implementadas por Javier Milei y Claudio Poggi en la provincia de San Luis. Representantes de diversos sectores se unieron con un mensaje de unidad para expresar su descontento ante las políticas gubernamentales a nivel nacional y provincial.

La convocatoria, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios, logró una masiva participación que abarcó desde trabajadores de la salud y la educación hasta profesionales de diversos sectores, estudiantes, comerciantes, agrupaciones políticas y más. La manifestación tuvo lugar en la avenida Mitre, donde la diversidad de consignas reflejó la pluralidad de esferas sociales representadas.

Aníbal Gómez, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), expresó su satisfacción por la multitudinaria convocatoria y destacó la importancia de la unidad en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino.

La jornada de protesta incluyó diversas actividades, desde el paro general hasta expresiones artísticas en la Plaza del Sesquicentenario, organizadas por la Multisectorial Villa Mercedes. A pesar de las diferencias entre los participantes, la movilización unificó a los distintos grupos en una marcha que recorrió las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza San Martín.

Marcos Reinoso, integrante del colectivo y militante de la Corriente Obrera Revolucionaria, resaltó la importancia de la participación activa y la organización para lograr un paro contundente. La diversidad de participantes en la movilización reflejó la fuerza de las bases que persisten en las calles en busca de cambios significativos en el país.

La ciudad de Villa Mercedes se erigió como un segundo frente de lucha, sumándose al movimiento de resistencia que se gesta en la capital puntana. La marcha culminó con un acto frente a la Municipalidad, donde cada sector expresó sus preocupaciones y demandas ante las políticas implementadas a nivel nacional y provincial.

El senador de Unión por la Patria (UxP) Mariano Recalde consideró hoy que el presidente Javier Milei "se metió con materias que no están permitidas" al dictar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, y dijo que espera que los legisladores de la Cámara alta "voten como piensan" en la sesión especial pedida por la bancada peronista para el jueves de la semana próxima.

"Milei se metió con materias que no están permitidas para un DNU. No lo mandó en tiempo y forma al Congreso, y tampoco se constituyó la Bicameral que debe revisarlo. Transcurrido un tiempo, el Senado y los diputados están obligados a tratar ese decreto de forma inmediata", afirmó Recalde en declaraciones a radio Futurock.

El presidente del PJ Ciudad puntualizó que se "necesita 37 votos para tener quorum y mayoría" y recordó que son los senadores que responden al bloque de UxP son 33, por lo que "solo faltarían cuatro legisladores más" para poder sesionar.

"Esperemos que los senadores que ya se expresaron en contra voten como piensan y que no pase nada raro en el medio", añadió Recalde.

El bloque de senadores de UxP solicitó ayer que se convoque a una sesión especial para el 1° de febrero para expresar el rechazo al DNU 70/23 al considerarlo "inconstitucional" y por pretender "avasallar contra de los derechos de millones de argentinos".

La carta lleva las firmas de José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).

En ese sentido, Recalde afirmó que el reglamento "permite la convocatoria a una sesión especial con la firma de cinco senadores" y que la única manera de bloquear la sesión es "que no haya quorum".

Sobre el paro y movilización convocada ayer por la CGT, Recalde destacó que "fue contundente" y que el pueblo "mostró una madurez que el gobierno no puede exhibir".

"Hace mucho no había una movilización tan grande al Congreso a pesar de todo el trabajo del gobierno para impedirlo. (La ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich hizo papelones exponiendo a cadetes de la policía a un cordón alrededor de miles y miles de trabajadores que se expresaron pacíficamente", subrayó.

Añadió que "la ministra del protocolo terminó cortando el Puente Pueyrredón impidiendo que transite la gente".

"Me da mucha esperanza ver que hay un pueblo que sale a la calle a defender sus derechos y que es consciente de la gravedad de lo que está pasando en la Argentina", apuntó.

En tanto, sostuvo que "la gente poco a poco va a darse cuenta que votó una cosa y no es lo que esperaba".

"En este momento el peronismo lo lidera el pueblo, se está reorganizando y no es momento de poner un líder. Falta un tiempo para el próximo desafío electoral", concluyó.

Científicos advierten la falta de evidencia respecto a la efectividad y el impacto ambiental que puede ocasionar el uso sostenido de aviones y cañones "antigranizo", una técnica para mitigar este fenómeno climático que sólo en Mendoza funciona bajo legislación, pero que comunidades rurales denuncian su utilización también en San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba y aseguran que “disipan la lluvia” y profundizan el contexto de sequía en estos territorios.

La práctica es conocida como “siembra de nubes” y supone inyectar yoduro de plata en las nubes de tormenta con el objetivo de reducir el tamaño del granizo, hasta el punto incluso de derretirse antes de caer al suelo, y evitar así los daños que puede provocar especialmente en zonas productivas.

Las inyecciones de este químico se realizan a través de cañones y bengalas que operan desde tierra o por vía aérea mediante aviones.

En las últimas semanas, productores ganaderos y pobladores rurales de distintas provincias del centro y oeste del país reavivaron con fuerza un reclamo que lleva más de 20 años contra la utilización de estas técnicas, al asegurar que "terminan dispersando las nubes” e impiden que llueva en un contexto de sequía y crisis hídrica, según declararon a medios provinciales.

Consultado por Télam, Eldo Ávila, experto en Física de la Atmósfera de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sostuvo que "no se encuentran casos en que oficialmente se utilice esta técnica para inhibir tormentas pero bien puede ser que, al tratar de mitigar el granizo, se afecte a la lluvia secundariamente si se usa este producto en exceso y sin control”.

“La modificación artificial de eventos meteorológicos es posible y se hace desde hace décadas para frenar el granizo, producir lluvia en lugares donde no llueve o nieve en mayor cantidad, como hacen en Chile", sostuvo el también investigador del Conicet.

Sin embargo, alertó que “introducir modificaciones artificiales siempre trae consecuencias y el problema es que nadie sabe cabalmente cuál es el efecto a largo plazo de esto".

En Argentina, el gobierno provincial de Mendoza, una de las zonas más propensas al granizo del mundo, comenzó ya en 1959 a experimentar distintos métodos para mitigar este fenómeno climático que supone uno de los peligros más dañinos para los oasis agrícolas de ese territorio.

El Sistema Integral de Lucha Antigranizo, implementado por la Dirección de Contingencias Climáticas mendocina, destinó este año una inversión de siete mil millones de pesos en aviones y bengalas, según fuentes oficiales.

Respecto a las dudas planteadas en torno a este sistema, el ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que se trata de “una creencia popular” y argumentó que “es una siembra de yoduro de plata para achicar granizo y de última hacer llover en un lugar en el que no iba a llover, pero no podés desplazar tormentas”.

Negar la eficacia de estas técnicas, aseguró en diálogo con MDZ Radio, “es como decir que la tierra es plana y no es redonda".

"Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial resalta la falta de evidencia científica que posee la siembra de nubes para la reducción del granizo, cuyos resultados no han podido demostrar un efecto estadísticamente significativo”, sostuvo en diálogo con Télam Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos del Programa Regional de Meteorología del Conicet.

En el marco de la Ley provincial 7334, el gobierno mendocino debe evaluar cada 30 días la efectividad y los impactos del sistema antigranizo.

“No se sabe si esos informes se hacen, con qué datos o qué herramientas estadísticas utilizan, pero el sistema continúa funcionando a pesar de los constantes daños generados por el granizo que supuestamente se está mitigando”, apuntó el científico, quien instó a apostar por "la colocación de malla antigranizo para proteger los cultivos" y la adquisición de nuevas tecnologías que "permitirán conocer mejor desde el aspecto científico el desarrollo del granizo destructivo".

En el resto del mundo, a partir de “la imposibilidad de demostrar estadísticamente su efectividad”, el sistema antigranizo es cada vez menos utilizado y atrás quedaron sus años de auge ligados a grandes experimentos en las décadas de 1970 y 1980.

En tanto, el rechazo a su utilización moviliza también a comunidades de San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba donde, pese a no estar legislado, aseguran ver los aviones que se sumergen en las tormentas y oír los estruendos de los cañones “rompetormentas”.

El reclamo fue elevado a la justicia a través de denuncias elaboradas por productores ganaderos del departamento sanjuanino de Sarmiento -donde se solicitó un informe de impacto ambiental a especialistas que aún no se dio a conocer- y del municipio cordobés de Cruz del Eje.

En San Luis se elevó un pedido de "acción urgente frente a la modificación intencional del clima y las tormentas", según indicaron medios locales.

Asimismo, ambos investigadores cuestionaron “la falta de conocimiento” respecto al impacto ambiental del uso sostenido del yoduro de plata.

"A estas escalas, sería importante que se estudie cuáles son los efectos positivos y negativos y se avance en su regulación, porque hacerlo sin control y después ver qué pasa puede resultar catastrófico. Si se inyecta en demasía se pueden contaminar las aguas y cuencas que bebemos", advirtió Ávila.

Entre otras investigaciones, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid titulado "Riesgo potencial de toxicidad aguda inducida por la siembra de nubes de AgI (yoduro de plata) en el suelo y la biota de agua dulce" advierte sobre el impacto de las altas concentraciones de químicos utilizados en el sistema antigranizo, que consideran tóxico para los ecosistemas terrestres y acuáticos "si se acumulan grandes cantidades de materiales en el medio ambiente".

“Desconozco si el gobierno (mendocino) realiza mediciones de las concentraciones de químicos en agua y suelo”, acotó Rivera.

Consultados por esta agencia sobre el tema, hasta el momento no se recibió respuesta del Ministerio de Producción mendocino.

"Todavía existe la creencia de que podemos controlar el clima a través de la geoingeniería. Lamentablemente lo hacemos pero para mal", cerró el científico.

Los trabajadores estatales de San Luis volverán a cobrar sus salarios, esta vez los correspondientes a enero, en dos cuotas, anunció el Gobierno de la provincia por medio de la Dirección de Recursos Humanos, se informó oficialmente.

Según el cronograma oficial, que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50 por ciento de sus haberes, con un pago mínimo de bolsillo de 300.000 pesos; el saldo restante del salario se hará efectivo el 6 de febrero.

"De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la Administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50 por ciento previsto para esa fecha", se indicó en un comunicado.

El texto oficial afirmó que, "pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina".

Finalmente, el comunicado destacó que los haberes de los funcionarios "recién serán abonados una vez finalizado el pago de los salarios de todos los empleados de la Administración Pública".

El anunció se llevó a cabo mientras se desarrollaba el paro de 12 horas y la movilización convocada por las centrales sindicales, que en la capital de la provincia reunió más de cinco cuadras de manifestantes y se replicó en las ciudades más importantes de San Luis como Villa Mercedes y Merlo. En las manifestaciones el reclamo común fue "pago de sueldo entero".

A pocos días de asumir el cargo, el gobernador Claudio Poggi anunció una política de ajuste en la provincia, que incluyó que los salarios de los trabajadores públicos correspondientes a diciembre y enero se pagarán en dos cuotas.

Sin embargo, ante una acción de amparo presentada por la seccional San Luis de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo provincial, debió adelantar el pago de la segunda cuota del salario de diciembre de los trabajadores estatales.

La jueza Penal y Contravencional Daniela Benenatti ordenó en aquel momento al gobierno de San Luis que abonara "de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023".