“El problema con las computadoras es muy grande porque todos los componentes electrónicos son tremendamente contaminantes”, explicó a Télam Nicolás Wolovick, creador de la iniciativa que busca hacer llegar la tecnología a quienes no tienen acceso, evitar el desperdicio de componentes y combatir la contaminación que generan.
"Hay un montón de computadoras sin uso, por eso promovemos la recirculación. Así surge esta idea del cirujeo porque buscamos basura tecnológica. Partes que están ociosas y que pueden transformarse nuevamente en máquinas útiles”, aseguró Nicolás Wolovick, profesor de computación en la Universidad Nacional de Córdoba, a Sintonía Verde, el podcast ambiental de Télam Digital, para explicar la iniciativa “Cybercirujas”, una red federal para el reciclado y reparación de computadoras con el objetivo de recircularlas para ampliar el acceso a la tecnología y evitar así el desperdicio de componentes y un mal tratamiento de residuos electrónicos.
Wolovick y el docente porteño, Sergio Rondan, crearon durante el 2020 “Cybercirujas”, una experiencia que pone en relieve uno de los problemas más característicos relacionado con los desperdicios en el Siglo XXI. “El problema con las computadoras es muy grande porque todos los componentes electrónicos son tremendamente contaminantes”, explicó Wolovick.
Por este motivo, se debe “postergar al máximo la obsolescencia para evitar el impacto que producen estos dispositivos cuando son desechados y enterrados”, sostuvo el docente cordobés.
Por último, Wolovick indicó que “la gente debe aprender a valorar cosas que aparentemente son basura. Hay computadoras de 25 o 30 años que son hermosas para usar con los viejos jueguitos de DOS. Porque no consumen energía, son livianas, la tenés que conectar a una tele, divertirte y aprender cómo era jugar con videojuegos de hace 30 años”.
Desde este 1° de septiembre comenzó a funcionar el Registro Único Provincial de Violencia Familiar, una herramienta informática creada por el Poder Judicial de San Luis que permitirá unificar la información sobre las personas involucradas en casos de violencia familiar y de género; los estudios médicos, sociales y psicológicos realizados, y las medidas adoptadas para proteger a las víctimas. A estos datos sólo tendrán acceso los organismos judiciales que intervengan en estas causas.
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