Los carteles expresaban el rechazo a la iniciativa de vender un lugar que funciona como punto de encuentro para los puntanos y que además posee un valor patrimonial, histórico y cultural.

En los escritos, se cuestionaba directamente al gobernador Claudio Poggi por impulsar esta venta, que privaría a la provincia de un espacio importante para la comunidad, con funciones sociales y culturales significativas. La presencia de estos carteles generó momentos de tensión y nerviosismo en la Casa de San Luis.

La situación se agravó cuando la secretaria de Vinculación Interjurisdiccional, Gabriela González Riollo, convocó a todo el personal y expresó la intención de solicitar las imágenes de la Policía de CABA para identificar a los responsables de la colocación de los carteles. Esta acción fue percibida como una amenaza por parte de una funcionaria de un gobierno que ha sido criticado por despidos y medidas que afectan a los trabajadores desde su asunción el 10 de diciembre pasado.