Este giro inesperado pone en duda la legitimidad de todo el proceso judicial y desata una tormenta política en la provincia.
Los audios que encendieron la polémica
En las grabaciones, González revela haber sido obligado a denunciar al diputado provincial Joaquín Beltrán y a Anabella Lucero en una causa por presunto vaciamiento de bienes del complejo cultural. Además, admite no estar dispuesto a ratificar la denuncia y detalla haber intentado renunciar en múltiples ocasiones, sin éxito.
Entre las frases más comprometedoras, González menciona:
- “Yo no tengo nada contra vos. Yo sé que no te robaste nada”.
- “A mí me exigen que rectifique lo que puse. Estoy atrapado”.
Estos testimonios no solo exponen tensiones internas, sino también un presunto manejo político de la causa que afecta la credibilidad de las acusaciones.
¿Pablo González fuera del cargo?
Si bien el Gobierno Provincial no ha emitido declaraciones oficiales, los rumores apuntan a que González habría sido removido de su puesto tras la difusión de los audios. Este silencio oficial refuerza la percepción de un entorno de crisis institucional que involucra tanto a la administración actual como a gestiones anteriores.
La estrategia de la defensa
El abogado defensor de Beltrán y Lucero, Gonzalo Estrada, anunció que pedirá la nulidad de todo lo actuado en la causa, incluyendo los allanamientos realizados la semana pasada. Según Estrada:
- Los elementos secuestrados no pertenecen al Molino Fénix, y el 80% cuenta con comprobantes de compra.
- La autenticidad del audio, ratificada por la defensa, compromete seriamente la validez de la denuncia y todo el proceso judicial.
Además, el letrado calificó las acusaciones como una maniobra política destinada a desacreditar a sus defendidos.
Futuro incierto
La falta de claridad en la situación de González y el impacto de los audios filtrados colocan a esta causa en un punto crítico. Con pedidos de nulidad en puerta y un creciente cuestionamiento al manejo de la denuncia, el desenlace del caso es incierto.
Reflexión
Este escándalo no solo afecta la imagen de las instituciones provinciales, sino que también subraya el impacto de las disputas políticas en la administración pública. En un contexto donde la confianza en el sistema judicial y en la gestión gubernamental es fundamental, este caso expone fisuras que podrían tener consecuencias de largo alcance para la provincia.