El 14 de mayo de 2020 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un informe denominado Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019 en el cual se hizo una descripción sobre el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015. Tales políticas facilitaron la fuga de capitales y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo.
El informe que tuvo estado público, si bien demostró la existencia de salida del país de alrededor de 86.000 millones de dólares, no procedió a individualizar a los particulares y empresas, que habían transferido esas sumas al exterior, y cual había resultado la justificación para hacerlo, ya que la misma podría haber obedecido a diversas causas
Durante todo el período 2016-2019, la fuga de capitales se triplicó. Incluso durante la primera etapa de auge de ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó los USD 45.100 millones.
Si bien la transferencia de capitales al exterior no resulta ser en principio ser constitutiva de un delito de acción pública, si puede llegar a serlo, si: a) los que efectuaron tales transferencias, no tenían justificación legal para hacerlo, b) las transferencias efectuadas no guardaban relación con la capacidad económica del contribuyente, c) Si lo declarado ante la AFIP como ganancia, no guardaba relación con lo transferido.
De acuerdo a lo informado en los últimos días, la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Dra. María Eugenia Capuchetti levantó el secretario bancario, ante un pedido del fiscal Franco Picardi, para que el Banco Central identifique a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019. También solicitó identificar a todas las empresas – incluidos bancos – que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo período.
A través de esa decisión se busca reconstruir el armado de la la fuga de capitales y avanzar con otras medidas de prueba claves dentro de la causa penal que investiga el posible delito de administración fraudulenta y malversación de recursos que supuestamente se desprendería del Stand By solicitado por la administración de Mauricio Macri en 2018. Como faltan los datos más sensibles, es decir aquellos que podrían identificar cómo se utilizaron los 44.000 millones de dólares del préstamo stand by y quiénes se beneficiaron con la compra de dólares en ese momento, la decisión permitirá la individualización tanto de los particulares como así también de las empresas, por lo cual la juez también pidió información a la Caja de Valores´. Pero tales decisiones procesales resultan insuficientes, para acreditar la existencia de un ilícito penal, y solo para tener una información correcta de quienes transfirieron esos capitales
Aunque la información que pueda suministrar el Banco Central es relevante, poco tiene que ver con el objeto procesal de la causa, ya que esa identificación de fugadores por sí sola, nada significa y solo pone la formación de activos externos en el período que se solicitara. Por tal motivo y a los efectos de acreditar la posible existencia de conductas delictivas, Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto, y el que esto escribe en representación de SOBERANXS, presentaron una denuncia penal ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 a cargo del Dr. Sebastián Casanello, a los efectos de que se levante el secreto fiscal por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Mediante la acción iniciada se va a poder determinar la legalidad o ilegalidad de las transferencias de capitales efectuadas entre los años 2016 y 2019, a través verificándolo a través de los informes cruzados del BCRA y de la AFIP. Así se podrá establecer si las salidas de esos capitales correspondieron a operaciones convencionales derivadas de la compra de insumos importados, pago de derechos por uso de marcas (royalties), y depósitos en el exterior de sumas oportunamente declaradas, o de operaciones efectuadas al margen de la ley.
En la denuncia se ha solicitado que en el caso de que las empresas y particulares no pudieran acreditar le legitimidad de los fondos transferidos, debería investigarse la procedencia de los mismos. También sería de fundamental importancia verificar si se pagaron a la AFIP, los impuestos correspondientes a los bienes que fueran declarados, ya que de no acreditarse en pago de los mismos, se habría producido la violación eventual de los arts. 46 y 47 de la Ley 11.683, sin perjuicio de la comisión de otros delitos, que pudieran ser detectados en el curso de la investigación, que debe tener la amplitud necesaria, dada la complejidad de tales operatorias.
Con respecto a las investigaciones sobre la fuga de capitales con determinación de los particulares y empresas que procedieron a hacerlo, existe un antecedente, en las investigaciones que llevó a cabo en el año 2001, la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados, que determinó la salida de sumas considerables, las que fueron en principio materia de una investigación penal, que luego fuera desistida por el Ministerio Público Fiscal en el año 2003 por razones que ignoro.
Lo que denunciamos junto con mis compañeros de Soberanxs, no solo tiene implicancias penales, sino que afecta de manera decisiva la economía nacional, ya que esa fuga de capitales, tiene como correlación, sumas que fueran materia de un acuerdo Stand By del Fondo Monetario Internacional en el año 2018, que tenían un destino específico, y contrariamente a ello habrían sido utilizadas en la salida de capitales señalada, con los consiguientes perjuicios para la Nación que en estos momentos debe afrontar una cuantiosa deuda que no puede pagar, debido a la inexistencia de fondos para hacerlo, y debe recurrir a un nuevo acuerdo con el organismo multilateral con los costos y condicionamientos que ello implica, tal como acaba de conocerse.
A los pocos meses de firmar un Stand By con el FMI, en septiembre de 2003, Néstor Kirchner se dio cuenta, que no se podían aceptar las continuas exigencias del organismo, que había llegado al extremo de pedir la privatización del Banco de la Nación y decidió terminar con el organismo, cancelando la deuda en enero del año 2006, para terminar definitivamente con su injerencia en la economía del país. Doce años después de haber endeudado a la Argentina a límites insostenibles, de haber llegado al extremo de emitir bonos a 100 años, el gobierno de Macri volvió a recurrir al Fondo, con las consecuencias que están a la vista, recibiendo divisas que se malversaron, a través de las operatorias de los conocidos de siempre.
Es inaceptable que, a través de las maniobras especulativas de los grupos concentrados, que han venido operando desde la dictadura militar hasta ahora, se comprometa el futuro económico de la Argentina, ya que ellos siempre se las arreglan para evadir las normas legales defraudando al Estado Nacional. Lo vienen haciendo desde el 24 de marzo de 1976, cuando usurparon el poder, y después a través de la inacción u omisión de muchos gobiernos constitucionales, que no quisieron enfrentarlos y prefirieron negociar con ellos, como lo fue de manera ejemplar lo ocurrido durante la década del 90. Son los mismos que se beneficiaron con la deuda ilegal contraída con la dictadura, los mismos que se beneficiaron con la estatización de deudas ficticias en 1982, los mismos que fugaron en los 2000-2001 y siempre se benefician a través de operaciones financieras que les dan ingentes ganancias.
El irresponsable acuerdo celebrado por Macri en el año 2018, significó el ingreso de divisas por 44.500 millones de dólares que no fueron destinados al objetivo para el cual había sido solicitado, y los especuladores y financistas las utilizaron para llevarse esos fondos al exterior, conociéndose en algunos casos que el dinero no lo tenían declarado por los cual es de fundamental importancia que la justicia actúe, que se investiguen aquellos actos del poder político que quebrantaron el ordenamiento jurídico, poniendo en evidencia a los que han delinquido y de tal manera posibilitar que nuestro pueblo vuelva a tener lo que le fue sustraído.
La estafa que significa esa deuda, no puede ser convalidada por el actual gobierno, porque hacerlo significa negociar la ilicitud, y dejar impunes a los que la contrajeron, además de aceptar de aquí hasta los próximos 12 años, una tutoría del FMI como nunca habíamos conocido.
