Fue al filo del viernes cuando se hizo público el llamado para que el Congreso nacional trabaje -entre el 26 de diciembre y el 31 de enero- en un paquete de iniciativas diseñadas por el Ejecutivo; entre las que se destacan una reforma de las funciones del Estado, la reimplantación del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única para las elecciones.

Serán 11 los temas a los que se abocarán los diputados y los senadores pero, con excepción de algunos proyectos que tienen media sanción de una de las cámaras y que el Ejecutivo reimpulsa, aún resta saber el contenido de cada una de las iniciativas.

Hasta ayer por la tarde, en la Casa Rosada fuentes gubernamentales de alto nivel comentaban que el Gobierno había optado por "no compartimentar" los tratamientos de las principales reformas.

El DNU de desregulación de la economía, conocido esta semana, y el llamado a extraordinarias son el resultado de un trabajo que lleva meses pero que redobló su paso en los últimos días luego de pasada la primera semana de gestión, en la que el foco estuvo puesto en los anuncios económicos que realizó el ministro del área, Luis Caputo.

El DNU, que modificó más de 300 normas, le valió al Gobierno la primera reacción pública contra sus medidas y, aunque aún se trabaja para conseguir mayorías parlamentarias que lo avalen, también se dejó correr una visión alternativa -una lectura eminentemente política- que señala que cualquier rechazo legislativo serviría para revelar a los defensores de "la casta".

Algunos políticos opositores como Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto cuestionaron la forma adoptada por el Ejecutivo y señalaron que si se hubiera optado por un proyecto de ley, podrían haber acompañado las reformas, pero ahora se encuentran ante la obligación de votar para desestimar o no la iniciativa presidencial.

Fue el mismo Milei quien el jueves pasado estimó que un revés en el Congreso para su DNU puede traducirse en un "mecanismo de revelación" que devele quienes están en contra del progreso: "Quedará en claro quienes son casta", dijo.

Aunque se sabía que el Presidente enviaría un paquete de proyectos de ley para su tratamiento en los meses de verano, cuando luego de hacer público el DNU dijo que habría "más" estaba apuntando no sólo a la cantidad o a las formas, sino a la profundidad de las reformas que propone.

El líder de La Libertad Avanza ya afirmó públicamente que en la Argentina existen cerca de "380.000 regulaciones" que "traban el funcionamiento" económico argentino y que su gestión apuntará especialmente a ese nudo, aunque resta saber cuales serán las herramientas que se utilizarán para hacer ese trabajo.

En el mensaje en cadena nacional en la que se presentó el decreto, el Presidente estuvo acompañado por su Gabinete, y se destacaban un funcionario ajeno al equipo de ministros y un asesor sin cartera, ambos señalados como los principales artífices de la desregulación: el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; y Federico Sturzenegger, respectivamente.

El expresidente del Banco Central durante la gestión de Cambiemos es, de los dos autores, quien ha tenido exposición pública en los últimos días y el que subrayó que, en materia de reformas, todo "recién" comienza.

"La cantidad que necesita la Argentina es muchísimo más grande (que lo actuado por el DNU). Queremos hacer algo en educación y en el régimen electoral, queremos hacer cosas con el régimen de pesca, en el régimen de competencia. Eso va a ir muy pronto al Congreso para tener una discusión muy rica", dijo en declaraciones radiales.

Develada la función de Sturzenegger, ya no llama la atención su participación asidua en las reuniones de Gabinete, ni tampoco que se multipliquen los encuentros entre los encargados de las oficinas encargadas de la trabajar en torno a la legislación: por ejemplo, ayer, luego de Gabinete, se realizó un breve encuentro entre el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, en las oficinas de Casa Rosada.

Sturzenegger también es el principal encargado de defender el DNU y señaló que al ser una "facultad legislativa de emergencia", se buscó "marcar un cambio de régimen para empezar a revertir la emergencia".

"Eso se puede validar en el Congreso. Todos vemos que la Argentina está en una emergencia. El DNU te restringe a algunas temáticas, la Constitución no restringe ni en volumen ni en temática", dijo.

"El DNU es el primer paso. Ahora viene un proyecto de ley muy importante que va a poder discutir el Congreso", concluyó.

Desde el Gobierno, por otra parte, se mostraron satisfechos con la aplicación del protocolo de seguridad pública que elaboró el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y cuya aplicación se realizó "con éxito" junto la cartera de Capital Humano, según evaluaron los funcionarios.

El protocolo se aplicó por primera vez el miércoles 20 -una fecha emblemática por el aniversario del estallido del social del 2001- en el marco de una marcha a Plaza de Mayo convocada por la Unidad Piquetera; y luego ayer viernes en otra jornada de protestas con ollas populares y movilizaciones que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno celebró que las denuncias recibidas en la línea 134 que habilitó -cerca de 12.000- superaron a los movilizados y confirmó la presentación de una denuncia judicial contra dirigentes de 14 organizaciones sociales, aun cuando muchas de ellas no marcharon el miércoles.

Desde el miércoles por la noche cuando se conoció el DNU se han producido también otras protestas y cacerolazos de ciudadanos autoconvocados contra la política gubernamental.

"Puede ser que haya gente que sufre el Síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo", interpretó Milei sobre esas protestas, aludiendo a la teoría del secuestrado que se identifica con el captor.

El protocolo, que también se activó el jueves en Córdoba y otros distritos, será puesto a prueba nuevamente la próxima semana, ante un adversario exigente, cuando la CGT realice su primera protesta contra el proyecto de Milei, con una masiva movilización a los Tribunales para pedir que se derogue el mega DNU.