El delito fue descubierto cuando la víctima notó movimientos extraños en su cuenta bancaria al día siguiente, y al revisar, encontró que su saldo estaba en cero.

La víctima acudió a su banco para rastrear los movimientos y descubrió que las compras se habían realizado en un supermercado de la ciudad. Decidió dirigirse al local, donde el personal le mostró los registros de las cámaras de seguridad. En los videos, reconoció a su empleada doméstica realizando las compras y retirando dinero.

El total de las compras ascendió a 125 mil pesos, distribuidos en cuatro transacciones. Ante la evidencia, la víctima presentó una denuncia en la fiscalía, lo que llevó a la detención de la empleada.

Durante la audiencia judicial, los fiscales Andrea Court y Marcelo Palacio imputaron a la acusada por "Estafa especializada por el uso de tarjeta de crédito y débito hurtada" y solicitaron su detención. Sin embargo, las defensoras de la acusada, Eliana Pradel y Laura Fornero, pidieron la nulidad del arresto argumentando que el procedimiento había sido arbitrario.

El juez de Garantías, Santiago Ortiz, decidió confirmar la imputación, pero ordenó la liberación de la acusada por fallos en el procedimiento de detención. A la empleada se le impuso una restricción de acercamiento hacia la víctima por cuatro meses, y se dejó abierta la posibilidad de una reparación del daño mediante un acuerdo económico entre ambas partes. La acusada sigue sujeta al proceso judicial.