Jueves, 21 Noviembre 2024

Persecución y castigos: acusan al Gobierno y al Municipio de silenciar la protesta social

Publicado el Lunes, 02 Septiembre 2024 17:46 Escrito por EL DIARIO DE LA REPUBLICA

Los sindicatos acusan al gobierno provincial y al municipio de San Luis de implementar una estrategia sistemática para neutralizar las protestas sociales, basada en el descuento de días de huelga y amenazas de despidos.

Según los gremios, el poggismo ha mostrado una notable habilidad para intentar aplacar el descontento generado por sus propias políticas de ajuste, recurriendo a medidas punitivas para disuadir la movilización de los trabajadores.

Fernando Gatica, secretario general de ATE, señaló que el Estado puntano ha perfeccionado un procedimiento para acorralar a los empleados públicos, incrementando su vulnerabilidad y desalentando su participación en protestas. "Sacaron la planta permanente para que los trabajadores estén en condiciones precarias para salir a reclamar, y cuando se animan o los echan o les descuentan el día como pasó en Dosep, donde tuvieron que dar marcha atrás", expresó Gatica en una entrevista radial. El sindicalista subrayó que, mientras el Ejecutivo muestra eficacia en la persecución de los trabajadores, esa misma eficiencia está ausente en la resolución de los problemas que afectan a la provincia.

El gobierno provincial no es el único que recurre a estas tácticas. La gestión de Gastón Hissa en la Municipalidad de San Luis sigue una línea similar. Esta semana, el juez Juan Montiveros Chada citó a audiencia a tres trabajadores municipales y gremialistas de ATE, incluyendo a Gatica, por supuestos destrozos en la sede comunal durante una protesta realizada en enero. La denuncia penal fue interpuesta por el propio intendente Hissa.

"La manifestación se hizo para reclamar la reincorporación de 280 compañeros despedidos y para que otorguen un aumento salarial. En ningún momento se amenazó al Intendente o hubo resistencia a la autoridad", afirmó Gatica. Además, destacó que las acusaciones carecen de fundamento, ya que un video filmado en presencia de un comisario demuestra que la sede municipal fue dejada en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de la protesta.

En ATE, consideran que estas acciones persecutorias buscan aleccionar a quienes se animen a enfrentar las políticas de ajuste tanto del gobierno provincial como de los municipios afines. Los sindicalistas advierten que la criminalización de la protesta es una estrategia que busca desmovilizar a los trabajadores y neutralizar cualquier tipo de resistencia a las medidas impopulares.

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