El 6 de diciembre de 1986, dos agentes de la policía francesa mataron a palazos al joven Malik Oussekine. Ese día se había llevado a cabo una manifestación en contra del proyecto de reforma universitaria del gobierno, rechazado por gran parte de los estudiantes. Al terminar la marcha, sin incidentes, un oportuno grupo de manifestantes intentó armar una barricada y fue reprimido por la violenta policía antidisturbios. Dos agentes persiguieron a Oussekine, quien salía de un recital y no había participado de la manifestación. El joven intentó refugiarse en el hall de un edificio, en donde fue apaleado y dejado en el piso. Murió de un “paro cardiorrespiratorio”, ese clásico eufemismo policial, antes de que llegara la ambulancia. Luego su familia informó que sufría de insuficiencia renal, lo que lo obligaba a llevar a cabo diálisis periódicas.
 
Unos meses antes, Jacques Chirac había sido nombrado primer ministro al ganar las elecciones legislativas contra partido socialista del presidente François Mitterrand. La cohabitación entre un presidente de izquierda y un primer ministro de derecha era una anomalía en el sistema francés y desde un principio Chirac buscó diferenciarse. La lucha contra la vaporosa “inseguridad” que denunciaban los medios fue su fondo de comercio. Treinta años antes de que existiera ISIS y cuando los talibanes afganos eran todavía nobles luchadores a favor de la Libertad y en contra del invasor soviético, el mal absoluto eran los manifestantes estudiantiles. Con ellos el gobierno eligió tensar la cuerda antes que negociar, apostando al hastío de la opinión pública.
 
La primera versión oficial, que señaló que los policías sólo se habían defendido de las agresiones de un “violento manifestante”, fue inmediatamente desmentida por un testigo. Con honesta barbarie, el ministro de Seguridad opinó que “la muerte de un joven es siempre lamentable, pero soy padre de familia y si mi hijo estuviera bajo diálisis le impediría que haga boludeces de noche”. Como consecuencia de la muerte de Oussekine la reforma fue archivada, renunció el ministro que la impulsaba y los dos agentes fueron condenados a penas excarcelables.
 
Apenas desapareció Santiago Maldonado, luego de un violento operativo de la Gendarmería en Resistencia de Cushamen, el gobierno y la prensa oficialista más entusiasta- es decir, casi toda- defendieron la inocencia de la Gendarmería a la vez que denunciaron una, hasta ese momento, desconocida guerrilla kurdo-mapuche, financiada por las FARC y el Reino Unido, que amenazaba al Estado argentino con boleadoras y serruchos oxidados . Como Malik Oussekine, Santiago Maldonado pasó de víctima a victimario: de simple artesano mutó en experto en artes marciales, un ninja que podía enfrentar a diez gendarmes- e incluso cruzar la Cordillera malherido luego de intentar robar a un puestero- pero que se habría ahogado plácidamente en un río de menos de un metro de profundidad. Luego de 50 días de todo tipo de hipótesis en la que sólo faltó la pista alienígena, el gobierno aceptó la posibilidad de que uno a varios “gendarmes aislados” sean los responsables de la desaparición. Con tono ofendido, tanto el oficialismo como los medios serios rechazan que haya habido un plan sistemático y denuncian las consignas y cánticos que comparan a Macri con Videla.
 
En realidad, nadie opina seriamente que haya habido un plan sistemático para hacer desaparecer a Maldonado así como nadie creyó que lo hubiera detrás de la muerte de Oussekine, o que Macri o Chirac sean dictadores. Como escribió Horacio Verbitsky, “El debate sobre Macrì y la dictadura es el más genial cazabobos de sus consultores”. 
 
Las ofensas del oficialismo sobre agravios imaginarios ocultan dos hechos elementales. El primero es que la Gendarmería fue lanzada sobre los mapuche con una arenga bélica desaforada que llegó desde el gobierno, como ocurrió hace treinta años con la policía antidisturbios francesa. El segundo es que si la muerte de Santiago Maldonado pudo haber sido el resultado de una acción individual, el encubrimiento del crimen es una tarea necesariamente colectiva. Ambos hechos, la arenga bélica y el encubrimiento, fueron decisiones políticas.
 
Tanto Chirac como Macri decidieron responsabilizar a la víctima y encubrir a las fuerzas de seguridad que habían lanzado a una guerra imaginaria contra los estudiantes y los mapuche. La diferencia es que en un caso el encubrimiento duró apenas unas horas y en el otro ya lleva más de 50 días.