Recientemente la CGT recibió a representantes de las Organizaciones Sociales. Es un antecedente que marca la necesidad de garantizarles un amparo legal y sindical. Pero existe un problema: los gobiernos y la burocracia sindical lo impiden. La ley vigente no permite la creación de sindicatos solidarios de rubro universal. Sólo sindicatos por rubro u oficio. Este impedimento beneficia tanto a la patronal como a las burocracias sindicales, al punto de que puede haber hasta varios sindicatos dentro del mismo rubro, dividiendo aún más a la clase trabajadora.

La existencia de un sindicato único para cada rubro tampoco la favorece, porque refuerza aún más a la burocracia. Lo mejor, sería una organización sindical que agrupe universalmente a los que deseen afiliarse independientemente del rubro o tipo de trabajo que tengan, evitando, con la democratización permanente y la prohibición de reelección –que también debería hacerse con los políticos-, la generación de esa burocracia que se perpetúa en la conducción y cuya intermediación no siempre responde a los intereses de los trabajadores.

Sólo las federaciones y confederaciones de sindicatos están permitidas legalmente como rubro universal, pero al igual que numerosos sindicatos del mismo o parecido oficio, al no tener democracia interna, generan más intermediación. Así, tenemos a la CGT, la CTA, la CTA Autónoma, etc. Se necesita, un sindicato de base, solidario y universal, sindicalizando a los trabajadores independientemente de su tipo de oficio, y de los nuevos modos de trabajo que han surgido, garantizando la defensa absoluta de aquellos cuyos gremios ya no los representan  y de los que no están agremiados.

En San Luis –por ejemplo- nos encontramos no sólo con Organizaciones y Movimientos Sociales locales y subsidiarios de otros a nivel nacional, algunos identificados con algún signo político, sino también con trabajadores de Planes Sociales, del Plan de Inclusión de la Provincia y de otras actividades laborales -trabajadores absolutamente desprotegidos legalmente-, y aquéllos sindicalizados a merced de dirigentes que negocian con las patronales o el gobierno.

Ninguna conquista social y gremial se ha logrado sin conciencia, organización y lucha. La conciencia, de que al que trabaja le corresponde un salario digno y el justo reconocimiento de los derechos que se desprenden de su labor; o sea: condiciones laborales saludables, obra social, ropa de trabajo, seguridad, amparo legal, estabilidad y promoción entre otros, medidas comprendidas en la libertad y derecho al trabajo. La organización, que implica la  asociación y sindicalización para garantizar el cumplimiento de los contratos de trabajo, el límite a la jornada laboral, respeto de feriados, convenios colectivos sobre condiciones laborales, salarios, indemnizaciones, aguinaldo, vacaciones pagas, jubilaciones y obras sociales, entre otros.

Si los trabajadores no se organizan, no hay garantías de protección legal cuando los empleadores públicos o privados, sean gobernadores, ministros o empresas privadas transgreden leyes laborales. Frente al 50%  de los trabajadores registrados, solo el 30% está sindicalizado, consecuencia de la crisis de representatividad de los sindicatos y también de algunos dirigentes de Organizaciones Sociales.

Al respecto, a muchos no se les permite sindicalizarse ni se les reconoce como trabajadores, ni siquiera de un determinado rubro. Es el caso de los trabajadores del Plan de Inclusión o de Planes Sociales con trabajos diversos, de las Vendedoras de Cosméticos o labores similares, de las personas con Tareas y Trabajo Informales, Empleadas Domésticas o Trabajadores Rurales, estos dos últimos que aún teniendo sindicatos no se afilian por desinformación o temor a perder sus empleos o Planes igual que el resto.

Además, existen leyes que perjudican a los trabajadores, como la flexibilización laboral, o exigencias patronales de niveles de productividad, horas extras, a lo que se suma la falta de auditoría y regulación en las contrataciones que hacen tanto las agencias de trabajo temporario, como algunas empresas o en connivencia con aquéllas, a lo que contribuye la ausencia de instituciones públicas que actúen como canales de contratos de trabajo garantizando su oferta, estabilidad y el cumplimiento de las leyes.

Frente a este atropello de derechos laborales básicos y elementales, es necesaria, además, la lucha por nuevos derechos que han surgido, como la reducción de la jornada laboral a seis horas, la participación en las decisiones de la empresa o del estamento gubernamental, la distribución de ganancias, la sindicalización del Plan de Inclusión, de trabajadores de Planes Sociales y otros, el amparo legal al despido arbitrario de éstos,  evitar  la contratación –aún la estatal- por monotributo, la desprotección gremial de los jubilados, etc.

Así mismo, la criminalización de la protesta o indiferencia del gobierno, de sindicatos y de empresas por el reclamo de estos derechos, o la justificación mentirosa de su imposibilidad, es un claro indicador de injusticia manifiesta. La necesaria transformación de los Planes Sociales e Inclusión en trabajo genuino y formal, no exime al gobierno, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los privados de responsabilidad.

“Todavía te despiertas a veces, ¿no? Te despiertas en la oscuridad y escuchas los gritos de los corderos”. –Hannibal Lecter, en El Silencio de los Inocentes.