El Estado argentino reconoció este miércoles su responsabilidad y asumió compromisos por la falta de adecuación a los estándares internacionales de la investigación del asesinato del prefecto Octavio Romero, ocurrido en junio de 2011, quien iba a ser el primer integrante de una fuerza de seguridad en contraer matrimonio con otro hombre, su pareja Gabriel Gersbach, al firmar una acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El cuerpo de Romero apareció a orillas del Río de la Plata, meses después de anunciar su casamiento y en el marco de denuncias por hostigamiento en su trabajo, por lo que organizaciones LGBTIQ+ consideraron que se trató de un "crimen de odio".
Gersbach y las ONG que lo acompañan, consideraron que se trata de un hecho "histórico".
"El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+", subraya el acuerdo firmado este miércoles por la tarde.
Se trata de un acuerdo de solución amistosa en el marco del caso Octavio Romero y Gabriel Gersbach del registro de la CIDH.
Octavio y Gabriel iban a a ser el primer matrimonio homosexual de una fuerza de seguridad, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina.
Este miércoles, en el Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, representantes del Estado argentino y la parte afectada integrada por Gersbach y las organizaciones que lo representan -Fundación Igualdad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)- firmaron el acuerdo en un acto que contó con la participación de Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de Naciones Unidas.
Junto a Gersbasch, también participaron del acto la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el presidente de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile y la directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Celeste Fernández; en tanto que, en la primera fila del acto, estuvo sentada la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta.
El acuerdo también reconoce que "la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero".
"Esto es bisagra porque nunca hubo nada igual a nivel país", expresó a Télam Gersbach, quien firmó el acuerdo tras un año y medio de intercambios con el Estado argentino.
En este sentido, el abogado y activista LGBTIQ+ Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad, amplió en diálogo con esta agencia: "Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de la Argentina y de la CIDH tenemos un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio".
"La justicia no ha llegado a ningún resultado, de hecho en el comienzo hizo todo lo contrario. No dejó participar a Gabriel como querellante, se perdieron los momentos más importantes para la prueba y la investigación. Nosotres sostenemos que sobran pruebas para decir que se trató de un crimen de odio", agregó.
Octavio y Gabriel iban a a ser el primer matrimonio homosexual de una fuerza de seguridad, luego de que el 15 de julio de 2010 se aprobara la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina (N° 26.618).
El joven, que en ese momento tenía el grado de suboficial de la Prefectura Naval Argentina, debió avisar a sus superiores que iba a casarse ya que era una petición obligatoria en ese momento; desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su lugar de trabajo y siete meses antes de la boda desapareció, el 11 de junio de 2011.
Ese día, Gabriel, que es taxista le había ofrecido llevarlo hasta el encuentro con unos amigos, pero Octavio desistió porque aún le quedaban cosas por hacer: "Fueron los últimos besos que nos dimos, yo me fui y no vi nada", dijo Gersbach en su momento a los medios.
Seis días después, un lanchero halló su cadáver flotando en la costa del Río de la Plata, en Vicente López, dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.
De acuerdo con la autopsia realizada, la causa de muerte fue "asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua".
La investigación sobre el caso estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires, entonces a cargo de Estela Gloria Andrades de Segura, pero ante la falta de avances en la investigación, Gabriel decidió, junto a las organizaciones que lo acompañaban, que eran la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la ACIJ, presentar el caso en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"A Gabi lo sentía especialmente solo, totalmente apesadumbrado, dolorido. Pero también profundamente aislado. Sin saber dónde seguir reclamando. Cada año que volvíamos a hablar al aire era peor porque la situación era la misma: la de la inacción judicial total. La causa nunca se movió. Es la historia de una impunidad desorbitante", dijo a Télam el periodista Franco Torchia, quien dedicó gran parte de su carrera a cubrir el caso en su programa radial "No se puede vivir del amor".
En 2012, Torchia tuvo la oportunidad de conducir por primera vez la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires y subió al escenario vistiendo una remera con el rostro de Octavio que le ofreció Gabriel.
Ese mismo año, le llegó tanto a él y a la fiscalía un informe que "narraba en detalle que Octavio había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza y que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas".
Si bien en un primer momento el juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud de allanamiento de la fiscalía y la querella, terminó por aceptarla luego de varios intentos y el proceso se llevó adelante dos meses después, cuando los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados y el dispositivo no fue hallado.
En 2018, la CIDH decidió admitir el caso y finalmente desde el 2021, el Estado argentino y la parte peticionaria tuvieron una serie de intercambios que desembocaron en el acuerdo de solución amistosa.
E Estado nacional se comprometió a difundir el acuerdo, brindar apoyo al Ministerio Público Fiscal para que la investigación sobre la causa avance y realizar una serie de medidas de reparación simbólica y económica, entre las que se encuentran la elaboración de un documental y un mural en homenaje a Octavio, además una serie de acciones para garantizar la "no repetición", como el compromiso de incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual por parte del Ministerio de Seguridad.
"El orgullo gay era un concepto que me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso. Cuando hablo para afuera de Octavio y de lo que siento por él, creo que él está viendo lo que está pasando y que estoy haciendo algo en su honor. Creo también que está agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita", concluyó Gabriel Gersbach.
GABRIEL, PAREJA DEL PREFECTO ASESINADO, RECLAMÓ PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Gabriel Gersbasch, pareja de Octavio Romero, el prefecto asesinado en junio de 2011 después de anunciar su casamiento, destacó este miércoles el compromiso del Estado argentino para formar y darle perspectiva de género a las fuerzas federales de seguridad, como parte de la solución amistosa acordada a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gersbasch dijo a Télam que el acuerdo “es muy positivo, abre puertas y trae un poco de calma a un dolor de muchos años, es un intento de que esto no se repita".
"Recuerdo que después de lo de Octavio, me llamaron otros chicos de Prefectura que fueron amenazados y les dijeron ‘vas a terminar como Octavio Romero’; como ni sabían quién era él, lo googlearon y me encontraron a mí. Les conté lo que había pasado y les recomendé que salgan del closet de manera pública, porque yo creo que si, en su momento, Octavio hubiese ido a los medios, quizás no se hubiesen animado a matarlo”, explicó.
“Es un acuerdo muy completo porque incluye la realización de un documental y educación para las fuerzas de seguridad; en once años hay cosas que cambiaron muchos y hoy vemos en los dibujitos animados la bandera del orgullo, pero necesitamos que en las fuerzas de seguridad, en las que trabajan miles de personas, haya condiciones de respeto a la diversidad y espero que esto marque un camino hacia el respeto y la tolerancia”, apuntó.
Gersbasch afirmó: “Estoy muy conmovido, me costó un montón porque en estos años me pasaron muchas cosas negativas porque yo no sabía cómo funcionaba el Poder Judicial ni lo que me podía llegar a pasar o a tocar vivir, me dolieron muchísimo los allanamientos a mi casa y a las de mis padres, no me quejo de las diligencias que tienen que ocurrir, sino se las formas agresivas con las que se dieron y que dolieron del mismo modo que el maltrato o a veces el olvido que hubo del caso quizá porque la víctima era gay”.
“El día que me entero de la aparición del cuerpo de Octavio yo llevaba dos horas declarando en el departamento de Policía y cuando salgo me entero por los canales de noticias; quise que me confirmen si se trataba de él, porque los medios decían ‘apareció el prefecto’, pero ni la policía ni sus jefes en Prefectura me decían nada”, recordó.
La pareja de la víctima resaltó que “Octavio era un divino, un ser de luz, y que le pasara algo así te deja sin palabras, no podía entender que alguien tan amoroso y tan amigo de todos pudiese tener enemigos; veo muy complicado que la causa judicial avance porque pasaron muchos años y los que eran jefes de Prefectura en ese momento en Puerto Madero ya deben estar en otros destinos en distintos rincones del país o bien jubilados; para mí el asesinato estuvo a cargo de un grupo de tareas y no a cargo de una o dos personas, porque tuvieron que secuestrarlo, torturarlo, asesinarlo y subirlo a una embarcación”.
“Estoy muy agradecido a Pedro Paradiso Sottile y a César Cigliutti, también a ACIJ y a los chicos con los que iba todos los años a la fiscalía para ver si había alguna novedad”, completó Gersbasch.
Por su parte, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, consideró que el asesinato de Romero tuvo “una respuesta judicial absolutamente deficiente”, y agradeció “a Gabriel, por su lucha y a todos los peticionarios por la confianza en este espacio de diálogo”.
“Creemos y valoramos la solución amistosa como herramienta, este es el primer acuerdo por diversidad sexual en fuerzas de seguridad en todo el sistema interamericano y tiene la particularidad de las responsabilidades que asume el Estado argentino en la falta de debida diligencia de la investigación judicial y para fortalecer las herramientas de investigación en futuros casos”, destacó.
Por su parte, la directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Celeste Fernández, señaló que las fallas en la investigación del asesinato de Romero “se inscriben en un sistema de justicia heteropatriarcal que reproduce prácticas estereotipadas y discriminatorias que impiden el esclarecimiento de los hechos, erosionan la justicia y dan el mensaje que estos hechos pueden quedar impunes”.
“El acuerdo es un cierre, pero también el punto de partida de una nueva etapa en la que el estado se compromete a apoya la investigación transparente con perspectiva de derechos humanos y diversidad en un acuerdo que suma garantías de no repetición que son muy importantes”, valoró.
Fuente:telam
