La comunidad, representada por sindicatos, legisladores y referentes sociales, expresa su preocupación ante políticas que impactan negativamente en el bienestar financiero de miles de ciudadanas y ciudadanos de la provincia.

Uno de los actos de repudio más destacados fue la carta documento emitida por senadores del bloque Frente de Unidad Justicialista. En dicha comunicación, los senadores, encabezados por Juan Carlos García de Belgrano, intimaron al gobernador a realizar el pago integral de los salarios del personal de la administración pública. La amenaza de denunciar por retención indebida de fondos agrega un elemento de tensión adicional.

La repercusión de esta acción se ha sentido en el gobierno, que ahora se ve presionado para cumplir con el pago antes del 31 de diciembre de 2023, según detalla el decreto 11631-MHP-2023. El rechazo no solo se manifiesta desde una perspectiva humana, sino también en datos financieros, ya que informes gubernamentales anteriores indican un saldo positivo en las arcas estatales.

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados también ha emitido una intimación similar, instando al pago completo de los salarios antes de fin de año. Los legisladores advierten que el incumplimiento podría resultar en una denuncia por retención indebida de fondos. Claudia Pinelli, presidenta del bloque, ha proporcionado cifras detalladas sobre las reservas del estado hasta el 30 de noviembre, cuestionando la necesidad de las medidas de ajuste.

A pesar de los recursos disponibles, el gobernador Poggi ha emitido un decreto convocando a sesiones extraordinarias en la Legislatura. Esto plantea la posibilidad de un empréstito para cubrir gastos corrientes, una medida que ha generado preocupación entre la población.

Los gremios, representados por la Mesa Intersindical Estatal, han rechazado rotundamente las medidas salariales propuestas, solicitando aumentos y urgente diálogo con el gobernador para abordar las preocupaciones de los trabajadores estatales. El impacto de estas medidas en la calidad de vida de los empleados estatales se agrava con la devaluación, según señalan.

La situación se torna aún más tensa con la posibilidad de acciones gremiales, incluyendo posibles asambleas permanentes. Mientras tanto, figuras como el defensor del pueblo, Enrique Ponce, expresan su preocupación por la amenaza que estas medidas representan para los más vulnerables.

La provincia vive momentos de incertidumbre, y la comunidad está a la espera de respuestas y soluciones que mitiguen los efectos adversos de las medidas económicas anunciadas por el gobierno.