A pesar de la resolución 3210 de 2018, que estipula una tarifa reducida para aquellos con menores capacidades tecnológicas y caudales inferiores a 10 metros cúbicos por hora, la administración ha continuado con intimaciones y cobros elevados.

San Luis Agua, la sociedad estatal responsable, ha ignorado los términos de la resolución mencionada, que fue diseñada para aliviar a los productores con baja capacidad económica. Este enfoque ha sido criticado por entidades ruralistas, que señalan la imposición de tarifas completas como una medida recaudatoria injusta y perjudicial para la producción ganadera.

Ante las quejas, el gobernador Poggi ofreció una respuesta ambigua, sugiriendo que el tema sería revisado pero manteniendo que el agua debe ser pagada. Esto ha generado más frustración entre los productores, quienes insisten en que la situación actual es insostenible y contradictoria con las políticas de fomento ganadero.

La imposición de tarifas elevadas ha afectado a aproximadamente 150 de los 7,000 productores registrados en la provincia, muchos de los cuales operan con márgenes de rentabilidad muy bajos. La situación ha contribuido a la pérdida de más de 1,500 productores y 500,000 cabezas de ganado, según Ariel Ayello, presidente de la Sociedad Rural Río Quinto.

Ayello y otros líderes rurales advierten sobre el impacto negativo de estas políticas en el tejido social y económico de la provincia. Argumentan que las medidas adoptadas por San Luis Agua y la administración Poggi no solo son injustas, sino que también son antiproductivas y contrarias a los planes ganaderos oficiales.

La resolución de 2018 de San Luis Agua fue emitida en respuesta a una solicitud conjunta de diversas entidades rurales y centros ganaderos, que pidieron la exención del cobro del agua extraída por molinos y bombas auxiliares pequeñas. Argumentaron que el uso de agua subterránea para ganadería es mínimo en comparación con las precipitaciones anuales, y que no se cobra en ninguna otra provincia del país.

La situación actual representa un conflicto significativo entre los productores rurales y el gobierno provincial de San Luis, con implicaciones económicas y sociales de gran envergadura. La insistencia en el cobro completo del agua, sin atender las excepciones previstas, ha sido vista como una medida recaudatoria que ignora las necesidades y limitaciones de los pequeños y medianos productores.