Organizaciones de los derechos humanos, encolumnadas detrás de la asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJUS), denunciaron ante la ONU a la Corte Suprema por el fallo que repuso una ley derogada y modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, restableciendo en su presidencia al juez Horacio Rosatti.

“Es un fallo que beneficia a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, y en eminente abuso de poder”, destacaron los denunciantes.