El veto, materializado a través del Decreto Nº 782/2024, impide la implementación de la ley sancionada por el Congreso Nacional bajo el número 27.756, que buscaba actualizar las compensaciones de los salarios previsionales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establecer una cláusula de ajuste mensual.

La diputada Ricca, defensora de los derechos previsionales, sostuvo que los fundamentos del veto son inexactos, particularmente en lo que respecta al impacto fiscal de la medida. En línea con esta declaración, la Cámara instó a los legisladores nacionales a insistir en la sanción definitiva de la ley, que permitiría actualizar los salarios previsionales de manera justa y equitativa.

La declaración también fue comunicada a las Cámaras del Congreso de la Nación, a las comisiones de Asuntos Previsionales, al Poder Ejecutivo Nacional y a la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, con el objetivo de garantizar los derechos de los jubilados y pensionados del país.