Entre los principales cambios, se habilita a las obras sociales a limitar las coberturas de los planes cerrados, que son utilizados por la mayoría de los trabajadores. También se establece la obligatoriedad de que solo los médicos de la cartilla de las prepagas puedan recetar medicamentos y tratamientos.

La nueva normativa busca reducir los costos del sistema y permitir a los pacientes elegir profesionales fuera de la cartilla, aunque en ese caso deberán cubrir los medicamentos sin descuentos o contratar planes abiertos, que son más costosos. Según el decreto, esta restricción tiene como fin "garantizar la sostenibilidad del sistema".

Las obras sociales y prepagas también deberán cumplir con nuevos requisitos estrictos para acceder a los reintegros del Estado. La Superintendencia de Servicios de Salud exigirá que las prescripciones médicas en planes cerrados sean realizadas exclusivamente por profesionales de la cartilla, lo que permitirá un mayor control sobre los costos y las prácticas médicas.

Otro punto central es la promoción de la libre elección de obra social para pequeños contribuyentes, permitiéndoles cambiar de cobertura una vez al año. El Gobierno aseguró que estas modificaciones buscan garantizar la estabilidad y la transparencia en el sistema.

Además, se crearon registros y controles adicionales para asegurar que las coberturas médicas sean equitativas y eficientes, con especial atención en medicamentos de alto costo, evitando así el desfinanciamiento de las entidades de salud.