La defensa, liderada por el abogado Miguel Ángel Orozco, buscaba revocar la resolución emitida en septiembre por la Jueza de Garantías Nº 4, Natalia Lazarte Otero, que había aceptado ampliar los cargos a solicitud de la Fiscalía.

Orozco argumentó que la imputación carecía de pruebas contundentes que vincularan a Oses con el delito de abuso sexual, señalando que la decisión se basaba en hipótesis de la Fiscalía y no en evidencias concluyentes. Según el defensor, esta ampliación vulneraba el derecho de defensa de su cliente, por lo que solicitó la nulidad de la resolución.

Sin embargo, la Fiscalía defendió la medida, explicando que en esta etapa procesal no se requiere certeza absoluta, sino una base de probabilidad razonable para sustentar los cargos. El Ministerio Público argumentó que la ampliación de la calificación penal estaba en línea con el artículo 124 del Código Penal, lo cual establece el delito de abuso sexual seguido de muerte como uno de extrema gravedad.

La querella también se sumó al pedido de la Fiscalía para que se rechace el recurso de apelación. El Tribunal, conformado por los jueces Jorge Sabaini Zapata, Yanina Del Viso y Laura Molino, avaló la resolución de la Jueza Lazarte Otero, considerando que la imputación estaba debidamente fundamentada y ajustada a derecho. Así, el recurso de la defensa fue rechazado, y la imputación contra Oses quedó confirmada.

El hecho se remonta a mediados de febrero de 2024 en La Toma, San Luis, cuando Zoe Pérez fue vista por última vez con vida. Según la investigación, la joven pasó el día en compañía de los imputados en un club, y luego se trasladó a la vivienda de Rodríguez, donde habrían ocurrido los hechos que se investigan. La confirmación de la imputación marca un avance en el proceso judicial, en el cual la Justicia continuará indagando para esclarecer los detalles del caso y definir responsabilidades.