Los recortes afectan directamente la capacidad de pago de salarios en los municipios, lo que podría llevar a despidos de personal.

El "Tratado de La Toma" había sido firmado por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá y establecía un piso salarial inicial de 300 mil pesos para los empleados municipales en más de sesenta jurisdicciones. La anulación de este acuerdo implica un retroceso grave, ya que los sueldos no estarían por encima de la línea de la pobreza y no podrían hacer frente a la inflación.

Intendentes de distintas localidades expresaron su preocupación, señalando que la ruptura del tratado provocará dificultades para pagar los salarios y podría resultar en despidos de empleados de planta permanente, contratados y prácticas laborales. Además, se anticipa la necesidad de realizar recortes en programas de ayuda social, afectando directamente a los habitantes de esas localidades.

La intendenta de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, mencionó que la falta de recursos también impactará en la capacidad de las intendencias para brindar asistencia social, como ayuda con medicamentos, servicios públicos y alimentos. La intendenta de Buena Esperanza, Sofía Larroudé, destacó que la anulación del tratado implica un retroceso significativo y afectará el movimiento económico interno en la región.

En resumen, las medidas adoptadas por el gobernador Poggi están generando un panorama preocupante en las intendencias, que se ven obligadas a enfrentar recortes y dificultades financieras, lo que repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes de esas localidades.