La investigación se inició este año después de una denuncia presentada por la secretaria gremial actual del sindicato de los empleados de farmacias. La denunciante afirmó que durante el año en curso, la imputada realizó transferencias digitales ilegítimas desde la cuenta corriente del sindicato a su cuenta personal y a la de su pareja mientras ocupaba el cargo de secretaria sindical.

Según los informes del banco, se llevaron a cabo 126 transferencias de dinero en diferentes momentos a lo largo del año. El fiscal a cargo del caso destacó que estas transferencias se realizaron en un marco de ilegitimidad y con el propósito de defraudar el patrimonio del sindicato y un exceso de funciones de su cargo.

Para llevar a cabo estas operaciones, los imputados utilizaron el token de otra persona, quien desconocía para qué se utilizaba el dispositivo de seguridad. Los miembros del sindicato notaron estas maniobras y solicitaron rendición de cuentas e informes al banco. Posteriormente, procedieron a la destitución y el despido de la imputada.

A pesar de haber sido desvinculada de la organización, se alega que la mujer continuó realizando transferencias. El fiscal señaló que la exsecretaria tenía la responsabilidad de administrar con cuidado los fondos del sindicato dentro de los límites legales de su mandato según lo establecido en el estatuto. El hombre, su pareja, supuestamente permitió y recibió las transferencias a sabiendas de su origen. El monto de dinero que los acusados habrían transferido a sus propias cuentas asciende a alrededor de 2.9 millones de pesos.

El abogado que representa a los perjudicados resaltó que el uso del token de otra persona perjudicó a todos los afiliados del sindicato con el único propósito de beneficiar a los acusados. El juez a cargo del caso formalizó los cargos por "Defraudación por administración fraudulenta".