Tras cumplir ocho días de prórroga del arresto solicitada por su abogado defensor, el juez de Garantías de turno de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, decidió mantener las imputaciones, pero ordenó su liberación.

El juez Cuello resolvió mantener las imputaciones por "Desobediencia de una orden judicial" y "Abuso sexual agravado aprovechando la inexperiencia sexual de una menor de edad". Sin embargo, no aceptó la solicitud de prisión preventiva planteada por la fiscal instructora Daniela Torres. El juez argumentó que:
- El tiempo de detención y encierro fue suficiente para que el acusado reflexionara sobre sus acciones.
- El acusado no tiene antecedentes penales.
- Se implementaron medidas adicionales para proteger a la víctima y su entorno.

El juez ordenó:
- La prohibición al acusado de regresar a Villa Mercedes.
- La prohibición de acercarse a la joven abusada y a su entorno.
- Sugerir una investigación sobre la familia de la víctima, dado que hay indicios de complicidad y abandono.

El acusado fue detenido en Villa Larca el lunes 8, donde había llevado a los menores. Según las pruebas recolectadas por la fiscal Torres:
- Los abusos comenzaron hace dos años, cuando la víctima tenía 14 años y el hombre 38.
- La justicia había impuesto una restricción de acercamiento hacia la adolescente, la cual el acusado nunca acató.

La investigación sugiere que el acusado no podría haber llegado tan lejos sin la complicidad de una familia que abandonó a los menores a su suerte. El año pasado, la abuela de la víctima habría sugerido que lo mejor para ella era irse con el acusado para garantizar techo y comida.

Los otros menores llevados a Villa Larca eran un primo y una hermana de la joven abusada. En mayo, esa hermana denunció ante la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf) que la víctima era golpeada por el acusado, lo que activó la alerta y subsecuente investigación.

La liberación del acusado ha generado controversia en la comunidad de Villa Mercedes, ya que muchos consideran que la justicia no está actuando con la severidad necesaria en casos de abuso y secuestro de menores. Las medidas adicionales impuestas por el juez y la sugerencia de investigar a la familia de la víctima buscan prevenir futuras situaciones similares y proteger a los menores involucrados.