Padres de la víctima y ciudadanos preocupados realizaron una marcha para exigir que el imputado regrese a prisión. La medida también fue cuestionada por el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quien solicitó que el acusado vuelva a la cárcel.

El Poder Judicial emitió un comunicado explicando la decisión de la jueza Sandra Ehrlich, quien autorizó la prisión domiciliaria debido al vencimiento del plazo de la prisión preventiva. La magistrada indicó que la normativa argentina (ley 24.390) establece que la prisión preventiva no puede exceder los dos años sin una sentencia firme, con una posible extensión de un año en casos complejos. En este caso, el acusado lleva en prisión preventiva desde agosto de 2021, por lo que el límite temporal fue alcanzado.

La jueza también consideró varios factores, como la vulnerabilidad de la presunta víctima y la necesidad de proteger el proceso judicial, en línea con la Convención de Belém do Pará y el interés superior del niño. Asimismo, el comunicado señala que el imputado tendrá restricciones estrictas: no podrá abandonar su domicilio sin permiso del Tribunal salvo por urgencias médicas, y tendrá prohibido cualquier contacto con la víctima y su familia. Además, la policía deberá verificar su presencia diaria en horarios aleatorios.

Finalmente, se dejó en claro que cualquier incumplimiento de estas condiciones, como salidas no autorizadas o inconductas, resultará en la revocación inmediata de la prisión domiciliaria y su retorno a la cárcel.