La decisión fue oficializada a través del decreto 727/2024, que deroga la normativa 715 creada en 2004 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Esta unidad funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y había sido instrumental en la recuperación de la identidad de nietos apropiados durante ese periodo.

El decreto justifica la eliminación de la unidad argumentando que su acceso directo a información y documentación de organismos públicos, así como las potestades otorgadas, invaden competencias que son de estricto resorte del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Según el texto, estas herramientas «violentan nuestro régimen constitucional».

La medida ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, especialmente en Abuelas de Plaza de Mayo, quienes habían advertido sobre la posible eliminación del organismo y las implicancias que esto podría tener en la lucha por la recuperación de la identidad de los nietos apropiados.