“Muchas personas han recibido mensajes de números de Indonesia o Hong Kong que, de alguna manera, conocen nuestros nombres”, agregó la diputada, quien subrayó que esta situación pone de manifiesto una vulneración de sistemas públicos y privados que comenzó durante la pandemia, cuando se aceleró la digitalización de actividades cotidianas, incluyendo el uso de la red provincial de WiFi.

La investigación apunta a que, desde el 22 de mayo de este año, se ha estado vendiendo una base de datos hackeada en la dark web, que contiene información sensible de 120 mil puntanos, particularmente relacionada con planes de vivienda gubernamentales, lo que ha desencadenado múltiples estafas. Spinuzza señaló que la base de datos contiene información personal y sensible que es especialmente valiosa para los ciberdelincuentes, incluyendo detalles sobre discapacidades o situaciones de violencia de género.

“Hay una Ley de Ciberseguridad y la inclusión digital es un derecho en nuestra provincia, por lo que el Estado debería ofrecer una respuesta”, afirmó la diputada.

Además, Spinuzza resaltó la importancia de que el Estado verifique el origen y manejo de esta base de datos, mencionando que podría haber sido un descuido de algún empleado involucrado en su administración.

La diputada también criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades, señalando que desde abril se han realizado numerosas solicitudes de informes sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos en San Luis, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.