Esto significa que casi la mitad de lo que los consumidores pagan en alimentos está destinado a cumplir con diversas obligaciones fiscales.

Ángel "Cacho" Soria, tesorero de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, detalló que en San Luis, los comercios abonan un 21% de IVA, además de entre un 4% y 6% de Ingresos Brutos (IIBB), dependiendo del cumplimiento tributario. Aquellos que están al día pagan el 4%, mientras que la mayoría, que se encuentra en mora, abona el 6%.

Soria también mencionó otros costos ocultos en la cadena, como las tasas municipales y los impuestos no discriminados, como las de Bromatología, que varían según la cantidad de mercadería introducida, como verduras o carne. Estos gastos, sumados a los impuestos sobre los productos al ingresar a la provincia, incrementan significativamente el precio final de los alimentos para los consumidores.

Además, los costos de habilitación municipal y cartelería aumentan aún más el costo para los comercios, quienes deben trasladar estos impuestos al valor de los productos.