Este incremento se da en un contexto de subas de cuotas superiores a la inflación y devoluciones parciales de montos cobrados en exceso durante el primer cuatrimestre del año, tras la liberación de precios impulsada por el gobierno nacional.

Devoluciones incompletas y aumentos sostenidos

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expone cómo la devolución establecida en 12 cuotas desde julio no compensa las irregularidades iniciales. En un caso analizado, el consumidor debería haber recibido $85.330 a moneda constante de noviembre, pero solo obtuvo $27.381, lo que equivale a una pérdida de casi el 30%.

Desde julio, la liberación total de precios permitió que las cuotas volvieran a aumentar por encima de la inflación. Por ejemplo, el valor real de un plan de prepaga, que había caído a $232.950 tras el acuerdo, escaló a $276.650 en noviembre, un aumento real del 48% respecto de diciembre de 2023.

La incidencia en los salarios

El peso de las prepagas en los ingresos se ha incrementado drásticamente. En 2019, el gasto en medicina prepaga representaba el 19% del salario promedio, cifra que descendió al 17% a fines de 2023, pero volvió a crecer rápidamente en 2024. Este fenómeno se intensificó con la política de desregulación, alcanzando un 27,5% en abril y un 24,3% en noviembre, según estimaciones basadas en la Remuneración Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE).

Recomendaciones y falta de transparencia

El informe del IARAF insta a las empresas a brindar mayor transparencia en el cálculo de los montos cobrados en exceso y las devoluciones realizadas. Sugiere que se informen detalladamente los valores cobrados, las diferencias acumuladas y las proyecciones de devolución, para garantizar un proceso claro y evitar nuevas pérdidas para los consumidores.

Perspectivas

La falta de regulación efectiva y la creciente incidencia de las cuotas en los salarios promedio profundizan el impacto económico de las prepagas sobre las familias argentinas. Este escenario plantea la necesidad de revisar los acuerdos entre el gobierno y las empresas para garantizar un acceso justo a la salud en un contexto de crisis económica generalizada.