“Arrepentirse” o marchar preso

“Hasta ahora el criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso”, resumen Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.

Ante esta extorsión organizada, que es seguida por los flashes de los fotógrafos y las cámaras de TV, se produce una lluvia de “arrepentidos que confiesan”, aunque sin autoincriminarse. En una investigación judicial seria es clave que se determine la correspondencia de esas confesiones con datos probatorios. Por ejemplo, en la investigación de Lava Jato en Brasil, que algunos comparan con lo que sucede en Argentina, las coimas de Odebrecht tienen números de cuenta, en Hong Kong, Suiza y otros destinos, con montos detallados.

Hasta ahora, nada de eso sucede en Argentina. La línea que va emergiendo de las “confesiones” alimenta un relato donde los empresarios pasan de la figura de cohecho que consiste en pagar sobornos (y que los incriminaría penalmente}, a la de víctimas que ceden ante la presión del gobierno de turno y aportan sumas millonarias para campañas.

Todo es un show donde habrá muchos detenidos, algunos finalmente sobreseídos y otros condenados basados en presunciones, en vendettas políticas o “convicciones íntimas” del juez, y donde finalmente la matriz mafiosa del sector quedará intacta, porque las reglas de juego seguirán siendo las mismas. Muchos ciudadanos “bienpensantes” creen que al fin la corrupción se está combatiendo con mano firme.

Pero un combate frontal contra la corrupción contiene una fórmula simple que no se plantea: la anulación del secreto bancario y de los paraísos fiscales, refugio y sostén estructural de los flujos de dinero sucio. Lo que tenemos hoy es simplemente circo para las masas.

Arrepentidos: el corazón del lawfare

Hace meses, ante acusaciones sobre el pago de sobreprecios en algunas adjudicaciones de obras públicas, Cristina Fernández presentó un proyecto para que el Parlamento haga una auditoría de toda la obra pública de su gobierno. El proyecto fue naturalmente desoído, porque las empresas de la familia presidencial son las principales contratistas del Estado en la Argentina. Una investigación global la pondría a la cabeza de los beneficiarios del sistema.

Nada es más saludable para la economía de un país que un saneamiento de la forma en que el Estado adjudica la obra pública, un proceso plagado en todas partes de corrupción, retornos de favores, cartelización y maniobras oligopólicas. El tema es complejo, pero posible. Sin embargo, para hacerle justicia, hay que poner la lupa sobre toda la compleja trama de relaciones entre las empresas y áreas de gobierno, y reconocer que se trata de un fenómeno sistémico que no se puede investigar a partir de “filtraciones”, delaciones cruzadas y “arrepentidos”, ya que esto implica darle vía libre al juego sucio de los más inescrupulosos, creando una industria de arrepentidos y testigos falsos que nos aleja antes que acercarnos a la verdad.

La figura del arrepentido “siempre premia al más perverso”, considera el penalista Eugenio Raúl Zaffaroni. “El arrepentido es una figura que proviene de la época inquisitorial, de la época pre moderna. No es un arrepentido, es un caradura, un delincuente que se encuentra involucrado en una causa y pelea para llevarla lo más livianamente posible”.

La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. Por caso, el ex presidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las “confesiones” de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias.

La mayoría de estos casos de “combate a la corrupción” -el encarcelamiento del ex vicepresidente argentino Amado Boudou, de la dirigente social Milagro Sala y otros muchos ejemplos- no resistirían la prueba de un tribunal imparcial que analizara las pruebas contemplando las garantías que siglos de evolución del Derecho han consagrado como regla.

En el futuro se reconocerá que -con todas sus culpas y pecados personales- fueron víctimas de una coordinada operación política para incinerarlos en la hoguera de la Santa Inquisición Mediática, mientras ocurre un acelerado proceso de recolonización de nuestros países. Urge un despertar masivo para detener este retroceso hacia la prehistoria.