Lunes, 27 Mayo 2024

El Gobierno autorizó aumentos mensuales en las tarifas de televisión, telefonía e internet

Publicado el Miércoles, 10 Abril 2024 10:16 Escrito por

En una decisión reciente, el Gobierno ha anulado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que había sido emitido por la administración de Alberto Fernández en el año 2020. Este decreto había establecido a internet, telefonía y televisión por cable como servicios públicos esenciales. La revocación se formalizó mediante el decreto 302/2024, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del día miércoles.

  1. Desprotección del consumidor: Al permitir que las empresas fijes librementen los precios, existe el riesgo de que los consumidores ven afectados por aumentos por excesivos e injustificados en las tarifas de estos servicios. Sin regulación, las empresas que podrían establecer poco accesibles para muchos usuarios, especialmente de aquellos bajos ingresos.

  2. Sin regulación de precios, las empresas dominantes en el mercado podrían abusar de su posición para establecer precios poco competitivos. Esto podría llevar a una falta de incentivo para mejorar la calidad del servicio o para ofrecer tarifas más bajas para atraer a los clientes.

  3. Impacto en la inclusión digital: Los precios más altos podrían dificultar el acceso de ciertos grupos de la población a servicios básicos como internet y telefonía celular, lo que a su vez podría aumentar la brecha digital y la exclusión social.

  4. Posible deterioro en la calidad del servicio: Con menos regulación, las empresas podrían tener menos incentivos para invertir en mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Esto podría resultar en una disminución de la calidad del servicio al cliente, con problemas como interrupciones frecuentes, velocidades de internet lentas o una cobertura deficiente de telefonía celular.

  5. Impacto en la economía: El aumento de los precios de estos servicios podría afectar negativamente a la economía en general, ya que el acceso a internet y la telefonía celular son fundamentales para muchas actividades comerciales y de comunicación en la sociedad moderna.

En resumen, la derogación de la norma de regulación de precios tiene graves consecuencias negativas para los consumidores, la competencia en el mercado, la inclusión digital y la calidad del servicio. Por lo tanto, podrían considerar que es una mala decisión desde el punto de vista del interés público y la protección del consumidor.

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