Durante una presentación en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió esta estrategia ante el bloqueo político que enfrenta el oficialismo en la Cámara alta.
La tensión se centró en los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los candidatos propuestos para ocupar las vacantes en el máximo tribunal. Francos argumentó que, de no lograrse los acuerdos necesarios en el Senado, el presidente Javier Milei podría ejercer "una facultad transitoria" para avanzar con las designaciones. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria (UP) rechazó tajantemente esta posibilidad mediante una carta firmada por sus 33 integrantes, advirtiendo que no avalarían el nombramiento de ningún juez designado por decreto.
Posiciones enfrentadas
- El Gobierno: Defiende la capacidad de realizar nombramientos "en comisión" para evitar una "situación de acefalía" en la Corte Suprema, respaldándose en antecedentes históricos.
- Unión por la Patria: Insiste en que cualquier intento de eludir el procedimiento constitucional de acuerdos en el Senado será rechazado, subrayando que los dos tercios necesarios para aprobar los pliegos están lejos de alcanzarse.
Repercusiones en San Luis
En San Luis, el enfrentamiento nacional podría tener implicancias en la confianza en el sistema judicial y en la estabilidad política. Sectores judiciales locales han expresado preocupación por la posibilidad de que medidas de este tipo debiliten el principio de independencia de poderes, un pilar fundamental del sistema republicano.
Además, líderes políticos puntanos han manifestado su interés en que el conflicto no interfiera con los nombramientos de jueces en la provincia, ya que existe una histórica dependencia de los tribunales superiores nacionales para resolver ciertos litigios locales de importancia.
El debate sobre la composición de la Corte también reaviva discusiones sobre las representaciones regionales en el máximo tribunal. En San Luis, algunos dirigentes ven la oportunidad de impulsar nombres que reflejen una mayor diversidad federal y de género, tras la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco.
Mientras tanto, el clima político en la provincia sigue atento al desenlace de este conflicto nacional, que podría sentar un precedente para futuras decisiones en materia judicial y política.
