El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que haga cumplir la sentencia y pidió que se investigue a la funcionaria por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un fallo ignorado
El conflicto se remonta a una medida cautelar dictada en octubre pasado por el juez Walter Lara Correa, quien ordenó al Ministerio de Capital Humano garantizar la continuidad del programa alimenticio para más de 60 comedores vinculados a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros. A pesar de esta resolución, el ministerio ha presentado reiteradas excusas para no cumplir con la entrega de suministros, lo que el CELS considera "maniobras dilatorias" y "fraude procesal".
Entre las estrategias mencionadas están:
- Exigir documentación que ya había sido presentada y validada.
- Insistir en inspecciones que habían sido realizadas previamente.
- Crear nuevos requisitos no contemplados en la normativa vigente.
El organismo de derechos humanos denunció que estas acciones buscan obstaculizar el cumplimiento de la sentencia y prolongar la suspensión de la asistencia alimentaria en medio de una crisis económica y social.
Consecuencias legales
El CELS pidió a la Justicia que:
- Haga cumplir el fallo en un plazo de 48 horas, obligando al ministerio a incorporar a los comedores en el programa alimenticio y a entregar las tarjetas virtuales para acceder a los suministros.
- Sancione a Pettovello y su equipo por "temeridad y malicia" en el manejo del caso.
- Envíe el expediente al juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, donde ya se investiga a la ministra por presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La suspensión de estos programas afecta directamente a las personas que dependen de los comedores y merenderos para alimentarse, muchos de ellos niños y niñas. La Justicia, en su fallo inicial, destacó que la política alimentaria no es un "privilegio", sino una herramienta clave para garantizar el principio de igualdad y evitar la discriminación.
En este contexto, la falta de cumplimiento por parte del Gobierno no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.
