La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Ayelén Mazzina, lanzó hoy por la mañana el Programa Nacional de Gestión Menstrual «MenstruAR». Destinado a gobiernos provinciales y locales tiene el objetivo de reducir el factor de desigualdad que implica la menstruación y plantea «la gestión menstrual como derecho».

«El nuevo programa ministerial jerarquiza y consolida la Línea de Gestión Menstrual implementada desde marzo de 2022, que ya capacitó a más de 1500 personas y entregó 10 mil copas menstruales», indicaron desde el Ministerio en un comunicado. Además 26 municipios que no contaban con legislación en la materia recibieron asistencia técnica y acompañamiento para elaborar y presentar ordenanzas de gestión menstrual.

El programa MenstruAR busca brindar capacitaciones, asesorías y acompañamiento constante a gobiernos locales, teniendo en cuenta que el «costo de menstruar» afecta no sólo la salud, la educación y el trabajo de las mujeres y personas menstruantes, sino también la economía y el medioambiente.

Durante el acto en Casa Patria Grande, ubicada en Carlos Pellegrini 1289, se presentaron dos documentos elaborados en conjunto entre el MMGyD y la Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad), con el apoyo del Unfpa. El primero es un cuadernillo titulado «La gestión menstrual como derecho» y el segundo un informe sobre el «Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual». Estos están destinados «a todas aquellas organizaciones sociales y gobiernos locales que se propongan trabajar el tema desde una perspectiva de género, diversidad y discapacidad».

Sobre el programa MenstruAR«Esta iniciativa nacional continúa el trabajo que venimos haciendo junto a compañeras y compañeres para deconstruir ciertos patrones culturales que tienen a la menstruación como un factor de desigualdad y un tema tabú. Menstruar es un derecho al que muchas mujeres, varones trans y personas no binarias no pueden acceder, porque sus salarios no llegan a cubrir los productos o no cuentan con la información adecuada», expresó Mazzina en diálogo con Página/12.

«No somos simplemente un ‘Ministerio de la Menstruación’, somos un Ministerio con ovarios. Nunca tuvimos pudor en poner la gestión menstrual como una política central de Estado, porque menstruartambién es un acto político. No se trata de entregar una copa menstrual y sacarse una foto, sino de un proceso de elaboración permanente donde todes debemos participar», enfatizó Mazzina.

Y añadió: «Que una persona menstruante tenga que faltar a la escuela o no pueda ir a trabajar o no pueda comprarse los productos necesarios, son cuestiones que debemos revertir. No puede haber justicia social si no hay justicia menstrual».

En el Foro de Justicia Menstrual de 2020, la problemática sobre la gestión de la menstruación se debatió con la presencia de funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, dirigentas políticas, cooperativistas y activistas de todo el país. «En 2021, en San Luis pusimos en agenda el tema con el Programa de Gestión Menstrual Sostenible ‘Yo Menstruo’ y obtuvimos resultados muy concretos», cerró la ministra.

Datos sobre la menstruación

Según datos del informe «Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual» de 2021, el 60% de las 12.000.000 de personas menstruantes en Argentina utiliza toallitas descartables.

Estos productos, junto con los tampones (15%), son los elegidos por el 75% de la población; pero prácticamente la mitad desconoce los efectos secundarios que tiene sobre la salud el uso de toallitas y tampones y su impacto ambiental;

Más del 95% de las personas considera que el Estado debería eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual, así como también distribuirlos de forma gratuita en escuelas, cárceles y centros comunitarios.

Por otro lado, el 43% se vio en la necesidad de modificar sus hábitos en el uso de estos productos por motivos o dificultades económicas.

En algunos casos, esta situación implica además riesgo de exclusión: con frecuencia, algunas personas han limitado su participación en distintas actividades tanto recreativas (50%), educativas (35%) y laborales (22%) durante el ciclo.