Hace un mes, en un ferviente discurso en el estadio de Ferro, Alfonsín proclamó su compromiso de acabar con la impunidad de los represores de las Fuerzas Armadas. "Necesitamos Fuerzas Armadas de la Nación, de la Constitución y de la democracia, y no señores feudales que, porque tengan algunos galones, se crean amos de un pueblo de súbditos. No vamos a aceptar la Autoamnistía, vamos a declarar su nulidad", afirmó el líder de la Unión Cívica Radical (UCR).

La Ley de Pacificación Nacional, promulgada por el dictador Reynaldo Bignone, buscaba impedir el enjuiciamiento de militares por crímenes cometidos entre 1973 y 1982, otorgándoles inmunidad. Alfonsín, tras obtener el 51.7% de los votos en las elecciones nacionales, rápidamente llevó su promesa al Congreso Nacional.

"La reconciliación nacional y superación de pasadas tragedias son los antecedentes necesarios para la consolidación de la paz", rezaba la Ley de Autoamnistía, desafiada por Alfonsín al señalar que igualaba a todos los represores en el delito.

El 27 de diciembre de 1983, en uno de sus primeros actos como presidente, Alfonsín promulgó la ley que declaró "insanablemente nula" la Autoamnistía por ser inconstitucional. Este audaz movimiento abrió las puertas para un decreto de procesamiento a los miembros de las primeras juntas militares, marcando el inicio de un proceso legal que culminaría el 9 de diciembre de 1985 con la condena de los líderes militares.

Con esta decisión, Alfonsín no solo cumplió su palabra, sino que sentó un precedente fundamental para la justicia y la reconciliación nacional, demostrando que en la nueva era democrática, la impunidad no tendría cabida.