A pesar de las dificultades que entraña el tiempo presente, es al mismo tiempo una ocasión importante para aprender un conjunto de lecciones sumamente útiles para el movimiento popular.

Además de los factores externos que condicionan nuestra realidad, también ha habido errores propios de magnitud, que ayudan a entender el porqué de la fragilidad económica y política del gobierno en el momento actual.

El mal procesamiento de las dificultades de la pasada gestión kirchnerista, tanto por falta de debate interno profundo y comprometido, como por lecturas superficiales de los problemas enfrentados –funcionales a una estrategia de apaciguamiento con el establishment-, llevaron al diagnóstico que impregnó la actual gestión gubernamental. Nunca es tarde para aprender de la experiencia, sobre todo para quienes quieren seguir haciendo política en la Argentina y transformar la realidad del país.

Una crisis económica provocada:

La actual crisis cambiaria es una crisis provocada.

No es una crisis “necesaria”, que no podía o pueda ser evitada. El país productivo está en un buen momento, y esa es la base necesaria para que todo funcione bien. Hay capacidad instalada ociosa, hay gente que necesita trabajo, y hay gente con capacidad de consumo y que quiere gastar en el mercado interno. Lo insólito, en realidad, es que se viva esta situación de incertidumbre y de amenaza económica a partir de las presiones sobre el dólar y los precios.

Sin embargo, sectores económicos locales con buena coordinación –a partir de compartir intereses y una misma visión sobre el país-, y con capacidad de apelación sobre sectores de la población, son capaces de generar un clima de zozobra, de desasosiego e incertidumbre que los favorece tanto económica como políticamente.

En la creación de este clima político-económico volátil vinculado a las escasas reservas de dólares en el Banco Central, deben identificarse cuatro causas recientes:

1. Una cuestión provocada por el macrismo: el endeudamiento gigante en los primeros dos años de gobierno con fondos de inversión extranjeros, y luego la fuga de esos fondos y de lo aportado por el FMI (44.000 millones de dólares), por parte de agentes locales y los propios fondos de inversión extranjeros, derivaron en una aguda falta de reservas en el Banco Central de la República Argentina.
2. Una cuestión provocada por el gobierno actual: el carecer de una política seria y sistemática de cuidado de las reservas del Banco Central, como parte de una estrategia más abarcativa de construir gobernabilidad económica, para poder concretar las metas fijadas por la propuesta electoral del Frente de Todos.
3. Una cuestión provocada por el capital concentrado que opera en el mercado local, tanto exportador como importador, tanto agrario como industrial y financiero: apostar a forzar devaluaciones que valoricen sus posiciones (privadas) en dólares, y los dólares que reciban desde el exterior.
4. Una cuestión provocada por los formadores de precios locales, cuyo comportamiento central se explica por la dolarización de sus beneficios, lo que los lleva a indexar los precios finales en toda circunstancia al valor del tipo de dólar más alto del momento, aun cuando pueda fluctuar o bajar. Los precios no bajan en ninguna circunstancia, y los aumentos son generados por las más diversas causas, reales o especulativas.

En este momento estamos en presencia de una ofensiva del sector privado concentrado contra el Estado nacional y el resto de la sociedad para establecer el tipo de cambio que favorezca aún más a los primeros.

En caso de que logren forzar al gobierno a realizar una devaluación, será para beneficio de los sectores exportadores y los grandes tenedores de divisas y en contra de todo el resto de la sociedad, que se verá empobrecida.

Es un hecho que los sectores agrarios ahora están retaceando las ventas de sus productos, lo que genera una presión sobre las reservas, mientras que el año pasado y este, un conjunto de grupos económicos requirieron montos excepcionales de dólares para “pagar deudas” al exterior –no adecuadamente monitoreadas por el Banco Central- y ahora para “importar insumos”, que el Banco Central tardó mucho en empezar a retacear. Dada la carencia relativa y transitoria de dólares, si el gobierno no les vende “dólares oficiales”, considerados baratos, los privados presionan a través de los dólares marginales, ya sea el blue, u otros dólares de cotización legal.

A esto se suma, gracias a la inquietud que generan los medios, y a la extrema sensibilidad de los sectores medios altos frente a estos episodios, una demanda de dólares precautoria, “por si” pudiera ocurrir una devaluación.

La clave aquí es el poder social que tienen estos sectores concentrados para imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad, y la capacidad para hacer participar a los sectores subordinados en su visión sesgada de la economía.

Responsabilidades:

Sobre el macrismo, poco hay para agregar en relación a todo lo que se ha dicho: una política económica antinacional y antiproductiva, de endeudamiento externo y de especulación, que favoreció principalmente al capital financiero y a ciertos bolsones corporativos vinculados al núcleo empresarial macrista.

Dejó una herencia complicadísima, ya que lo correcto hubiera sido en ese momento inicial declarar el default de la enorme deuda recibida, para impulsar una reestructuración de largo plazo, acompañada por una nueva política económica. Se puede aducir que la población votante del Frente demandaba una mejora rápida en sus condiciones de vida, y no ingresar en una situación conflictiva y traumática, por lo menos hasta que se terminara la negociación.

Desde la conducción del Frente evidentemente se optó por eludir esa situación traumática que hubiera exigido un comportamiento muy audaz y decidido de todo el Frente, que agrupa a casi a todo el peronismo, caracterizado por una gran heterogeneidad. Precisamente el diseño original del Frente era una concesión al centrismo que aparentemente reclamaba el gran peronismo.

Una estrategia equivocada para un gobierno con objetivos populares:

A esta altura, transcurridos más de dos años y medio de gestión, parece cada vez más claro que lo que dañó la política económica en general, y la acumulación de reservas en el Banco Central en particular, fue la orientación política estratégica del gobierno.

Esa orientación, que permeó todos los comportamientos del gobierno, tanto hacia adentro de su estructura de gestión como hacia la sociedad, consistió en una actitud de diálogo y búsqueda de acuerdo con el capital concentrado, y sus aliados mediáticos y judiciales, para buscar algún tipo de gobernabilidad económica y política que le permitiera al gobierno avanzar en el cumplimiento de sus metas. Si bien buscar diálogos y consensos, en abstracto, no tiene nada de reprochable, en la realidad concreta argentina se chocó con dos problemas archi-conocidos: 1) el capital concentrado en argentina no suele dialogar con gobiernos democráticos, sino a imponerles condiciones. Cuanto más débiles políticamente son los gobiernos, ni siquiera aceptan el diálogo por razones tácticas, y 2) el gobierno tiene que tener ideas alternativas a las del poder económico sobre cómo encarar los problemas económico-sociales, para que existan bases para llegar a un “consenso” entre partes diferentes. Si el gobierno carece de discurso propio, o está pronto a diluir sus convicciones, esto es aprovechado por el poder económico.

Una de las posibilidades para explicar esta actitud inicial es la suposición de base existente en la cúpula del Ejecutivo, que no había intereses encontrados en la sociedad, sino más bien desencuentros y malentendidos en el terreno de la política, y que si se eliminaba la “desconfianza” se podría interesar a las diversas fracciones del capital en una reactivación económica que “beneficiaría a todos”. Es totalmente claro que la única meta en la que coinciden todas las fracciones del Frente de Todos –por cierto muy limitada- es en la reactivación económica.

Otros interpretan que esta búsqueda de los consensos tenía que ver con una lectura cruda y realista no sólo de la relación de fuerzas existentes en la sociedad, sino de las serias dificultades de la gestión de Cristina Kirchner en su último mandato. Según esta lectura, no había condiciones para ningún tipo de enfrentamiento frente a una derecha empoderada y agresiva, y por lo tanto había que avanzar por la senda del acuerdo, demostrándole al capital concentrado que este era un gobierno que no sólo no le era hostil, sino que era amistoso y que compartía convicciones con el establishment en cuanto al estilo que se pretendía de una gestión que quería ser recordada por su  “moderación”. La definición de moderación, aplicada a una gestión de gobierno por el establishment argentino, incluye no hacer nada que afecte o menoscabe los intereses de la elite económica, mantener las autoridades políticas un tono cordial y acrítico en toda circunstancia económica, aceptar pasivamente las actividades ilegales de esas fracciones, y fundamentalmente, estar dispuestos a absorber por parte de los políticos toda la responsabilidad de lo que ocurra en el campo económico, aun cuando no sea el Estado el que controle las principales variables para orientar la economía.

¿Cuán débil era el gobierno del Frente de Todos en su origen, y cuán fuertes eran los sectores concentrados en 2019? El gobierno contaba con su base social, constituida por vastos sectores de ciudadanía, sindicatos, organizaciones partidarias, sociales y populares, a quienes había desmovilizado en los meses previos a las elecciones. Los sectores concentrados contaban con Juntos por el Cambio y sus legisladores, premiados luego de su pésima gestión con el 40% de los votos, con el respaldo de Estados Unidos y el establishment financiero internacional, con los grandes medios que logran manipular la información y la subjetividad de una importante fracción de la población, y con sectores estratégicos del poder judicial.

La decisión del Poder Ejecutivo, que tiñó por completo la gestión hasta el presente, fue la de no confrontar con fracciones empresariales concentradas, ni tampoco ir construyendo poder propio, ya que eso sería visto como una amenaza por los poderes fácticos.

Esa elección implicaba no recuperar para la nueva gestión partes del Estado ocupadas por el funcionariado macrista. Así, en áreas como la Cancillería, el Banco Central, Obras Públicas, se mantuvo a personal fiel al macrismo, es decir, a los Estados Unidos. En la Comisión Nacional de Valores, se puso a un funcionario amistoso con “los mercados”, es decir, con los especuladores bursátiles.

La inacción, o lo intrascendencia de acciones menores en materia de reforma del Poder Judicial fue muy significativa, y más allá de las palabras bien intencionadas, es un claro mensaje de respeto a un statu quo completamente favorable logrado por el poder corporativo en ese sector clave de las instituciones republicanas.

Tampoco se quiso enunciar un discurso político claro y distinto en relación al sentido común preponderante, que pudiera molestar a las fracciones del capital, de alguna forma representadas por los editoriales del diario La Nación. Ser capaces de enunciar un discurso público claro y distinto era un elemento fundamental para la comunicación oficial y para convocar a la ciudadanía detrás de políticas públicas progresistas, que serían previsiblemente atacadas mediáticamente por los sectores conservadores. A pesar de todas las capacidades disponibles, no se creó un discurso capaz de convocar y movilizar en torno a la acción gubernamental.

Excusas:

Ha sido frecuente escuchar, por parte de diversos voceros gubernamentales, que la pandemia estalló “apenas transcurridos 90 días de gestión”, cosa que es cierta.

Pero cabe recordar que es casi un lugar común de la política mundial, para cualquier gobierno democrático que quiera cambiar algo, que los primeros “100 días” son importantes para fijar la impronta de lo que será la gestión, y eventualmente tomar medidas de peso, aprovechando la adhesión social y cierto desconcierto opositor.

No hay mucha diferencia entre 90 y 100 días. Lo que sí difiere es si un gobierno viene a cambiar cosas, siente la urgencia y la premura por cambiar cosas, o si su principal preocupación es no inquietar a sus enemigos ni ser percibido como “peligroso” por sus detractores.

Lo que ocurrió es que esos 90 días no sólo no se avanzó en algún plan de medidas significativas, sino que se sancionó una Ley de Emergencia Económica –necesaria- pero que incluyó ¡un tope a las retenciones a las exportaciones agropecuarias!

Es decir, que en vez de tomar medidas audaces, cuando aún se cuenta con el calor y el aliento del triunfo en las urnas, se fue presurosamente a mostrar al poder económico –en este caso al agro concentrado- que el gobierno se auto-ataba las manos para que vieran que no tenía voluntad de modificar las cargas a este sector, definidamente opositor.

De haber existido una visión estratégica más clara, que trascendiera la mera reactivación económica, desde ese momento ya se hubiera podido trabajar en la concreción del importante Gasoducto Néstor Kirchner, en el sentido de poner en marcha rápidamente el nuevo proceso licitatorio. No hay excusa pandémica para esto, sino morosidad y falta de mirada estratégica, ya que hoy podríamos contar con esa herramienta de distribución energética y de ahorro de divisas que tanta falta hacen hoy.

Luego, con el estallido de la pandemia, el gobierno se encontró un panorama complejísimo, que enfrentó con bastante orden y racionalidad. Recordemos que el Presidente llegó a tener una imagen positiva entre la población cercana al 80% en aquellos día difíciles de la pandemia. Era una excelente base para crear una imagen propia, la de un funcionario protector y ocupado del cuidado de la población. Ese cuidado podía, perfectamente, ser traducido en políticas de disciplinamiento de actores económicos predatorios, que atentaran contra el bienestar de las mayorías. No se hizo.

En vez de utilizar una circunstancia tan extraordinaria como es una pandemia mundial para autonomizar al Estado de las presiones sectoriales, y utilizar el consenso público sobre la evidente emergencia para disciplinar mínimamente a sectores económicos, se optó por avanzar en la dirección opuesta. Fueron los días en que el ministro de Desarrollo Social debió aceptar pagar sobreprecios a los proveedores de alimentos del Estado, porque –como dijo Daniel Arroyo-, “se me plantaron”. Es decir, que en plena pandemia, eran las corporaciones privadas los que extorsionaban a un Estado que se tenía que encargar de que comieran diariamente 9 millones de argentinos. Era tal el espíritu de “no enojarse a cualquier costo”, que el episodio se dejó pasar al olvido instantáneamente. Ni siquiera esa extorsión motivaba enojo oficial y en el ámbito político del Frente de Todos.

En vez de sancionar, castigar y enfrentar, movilizando la indignación ciudadana, se convalidó pasivamente que los precios de los alimentos y de los medicamentos, durante la pandemia, subieran por arriba del promedio de los otros bienes y servicios.

El capital, expresado crudamente por el ex presidente Macri, pensaba que lo que correspondía en la pandemia es que “se murieran los que se tuvieran que morir”, para no frenar los negocios.

El gobierno optó por un camino encomiable, optando por la protección de las personas, pero se frenó luego de unos meses porque le comenzaron a hacer una corrida cambiaria, durante setiembre y octubre de 2020. En vez de denunciar y sancionar a los inescrupulosos que estaban haciendo timba financiera en un momento tan duro para la población, buscando dañar aún más a los debilitados bolsillos de las mayorías populares, el gobierno optó por retirar el IFE, con el argumento que -como expresaron sucesivamente los ministros Guzmán y Cafiero- “se iba al dólar”.

Es difícil explicar la claudicación económica y política que encierra esta decisión: como las ganancias que hacían sectores empresarios las trataban de dolarizar comprando dólares en negro, hubo que eliminar la importantísima ayuda otorgada a 11 millones de personas para que sobrevivieran, así “los mercados” no tenían la excusa de la “enorme emisión monetaria” para seguir timbeando. Similares emisiones se vieron en muchos lugares del mundo, sin ningún tipo de corrida cambiaria ni ataque especulativo. Vale recordar que el gasto enorme en ATP (ayuda a las empresas para que pagaran los sueldos y no despidieran personal) y el IFE (subsidio directo a personas sin trabajo), debió ser cubierto exclusivamente con deuda interna y emisión, dado que el macrismo había provocado el cierre del crédito internacional a nuestro país. Finalmente, y después de muchos debates internos, se atinó a exigir una contribución discreta a las grandes fortunas, por única vez.

No nos vamos a extender sobre el episodio Vicentin, una verdadera exhibición de falta de voluntad política para avanzar en una muy interesante iniciativa para que el Estado pueda asumir un rol más importante de control y regulación nada menos que en el tráfico de granos. Una oportunidad única, desperdiciada por la falta de motivación y del ejecutivo, que implicaba por supuesto, un choque contra diversos factores de poder. Era tan calamitosa la quiebra de Vicentin, eran tantos los delitos cometidos contra propios y ajenos, que con sólo informar adecuadamente a la opinión pública, encarando una verdadera campaña de difusión y debate político, se hubiera podido conseguir un consenso a favor de la intervención estatal. ¿Qué hubo? ¿Falta de comprensión sobre el valor de recuperar tamaña empresa? ¿Ausencia completa de una estrategia de fortalecimiento estatal? ¿Temor a la reacción de los privados?…

Tampoco nos extenderemos en las idas y vueltas institucionales con la llamada Hidrovía, ya que en este caso era facilísimo el trámite para retomar el control de la actividad de dragado del Paraná –y direccionamiento del tráfico portuario- simplemente por efecto del vencimiento de la concesión, pero se mantuvo la no decisión al respecto, lo que genera serias dudas sobre las intenciones del Ejecutivo en este terreno, en el mismo sendero elegido de “no enojar” a los intereses privados, locales o extranjeros.

El ministro Guzmán, ocupado de las negociaciones para reordenar la deuda externa, le prestó poquísima atención a la inflación, a pesar de que formaba parte de un gobierno que se proponía mejorar los ingresos de las mayorías, cosa que el aumento constante de precios impedía. Toda la “administración” de los abusos inflacionarios –como la ola remarcatoria que siguió en los meses posteriores al intento especulativo de setiembre-octubre de 2020-, también por parte del ministro Kulfas fue sumamente precaria y condenó al fracaso a cualquier intento de recuperación del salario real. No se opuso ninguna traba de ningún tipo a ese proceso de deslizamiento inflacionario, ni se buscaron estrategias alternativas para abastecer a la población a precios justos.

En el 2021, conjuntamente con una paulatina aceleración de los precios –que fue respondido con un pedido de información por parte del gobierno, que a su vez fue respondido por la no entrega de información por parte de las grandes empresas formadoras de precios-, se observó cómo el sector bancario comenzó a aprovechar la situación de desequilibrio fiscal provocada por la pandemia, para reclamarle cada vez más títulos públicos con mayor grado de indexación a la inflación o al dólar al gobierno. De a poco, el gobierno iba entrando en una trampa de dependencia financiera con otro sector cuya lógica sectorial colisiona de frente con las necesidades productivas del país. Los banqueros –alias “mercados”- empezaron a volverse sibaritas de la deuda pública, aumentando su grado de veto e intromisión en las decisiones públicas.

El descuido del tema inflacionario resulta inexplicable en un gobierno preocupado por la “macroeconomía”. La inflación ascendente, que no se podía justificar por los costos, ni por el movimiento del dólar oficial, ni por la presión salarial, obligaba a aumentar la tasa de devaluación, lo que a su vez aceleraba el movimiento de precios “porque subió el dólar”. Al mismo tiempo, para que los ahorristas en los bancos no hicieran presión sobre el dólar marginal, había que ir subiendo la tasa de interés, que no podía desconectarse completamente de lo que se les cobraba a las empresas pequeñas y medianas para otorgarles crédito. La inflación retroalimentaba el fenómeno financiero especulativo, y comenzaba a dañar la dinámica económica.

Pero disciplinar a los formadores de precios no era algo que figurara en el manual de conducción del gobierno. Pedidos, solicitudes, imploraciones a las empresas, pero ninguna acción que pusiera algo de orden en un contexto crecientemente anómico, donde el Estado renunciaba voluntariamente a poner orden. El propio Presidente, comentaba en un programa de televisión, que la “Ley de Góndolas”, sancionada para tratar de mejorar aunque fuera parcialmente la situación de los consumidores, “no se cumple”. No sabemos si Alberto Fernández advertía la erosión a la que sometía al poder del Estado y de la Ley, admitiendo que la ley quedaba a voluntad de quienes quisieran cumplirla, sin sanción alguna.

Hambre, y hambre de políticas públicas:

La agudización de los problemas económicos en 2022, ha llevado a un cuadro de enorme penuria para el 40% de la población, y de dificultades crecientes para otro 30%. El incremento local de los precios de los alimentos tuvo fuentes externas evidentes, como los problemas de logística global y de tensiones inflacionarias en el período 2021, y sumada la guerra en Ucrania y las torpes sanciones occidentales, que generaron un cuadro de disrupción internacional innecesario.

Pero tan importante como los datos internacionales objetivos, es el comportamiento de los actores locales, tanto porque no aceptan separar más claramente el precio local del internacional mediante modificación a los niveles actuales de retenciones –imponiendo un veto político al gobierno-, como porque trasladan en forma desmesurada el aumento de costos –o de ganancias pretendidas- al precio de los productos.

Ahora le agregaron la corrida cambiaria, otro curro de los especuladores para aumentar precios y despojar a lxs argentinxs de sus ingresos. El gobierno continúa yendo por detrás de los acontecimientos, tomando medidas tardías e insuficientes, no explicando, y no convocando a contraponer la movilización popular al poder de los especuladores.

Esto ha creado un cuadro de indefensión colectiva, conformado por la actitud salvaje y depredadora de un conjunto de empresas alimentarias y grandes exportadores agropecuarios, y por la pasividad sorprendente del gobierno frente a esta situación. Ante el peligro del hambre, el gobierno del Frente de Todos carece de la suficiente determinación para enfrentar con todos los instrumentos económicos disponibles esta situación.

La precondición de poder hacer algo en serio, efectivo y no discursivo, es poder decir “el hambre es inadmisible en nuestro país y no lo vamos a tolerar”.

Es decir, implica el abandono de la estrategia política claudicante elegida por el gobierno hasta el presente, de “no irritar a los mercados”. Actitud complaciente que no sólo abarca a las empresas normales, que producen y quieren ganar plata normalmente, sino tampoco a los monopolios, especuladores y desestabilizadores financieros que pretenden rentas extraordinarias en un momento difícil de la sociedad argentina. ¿Son un bloque único, o se puede diferenciar entre unos y otros?

No sabemos si el gobierno podrá realizar este cambio interno fundamental. Pero es imprescindible para que la ministra Batakis cuente con los instrumentos que le permitan revertir la situación.

Sí sabemos que hasta ahora el gobierno ha seguido un camino de derrotas económicas, que lo colocaron frente a un severo riesgo de gobernabilidad.

No se trata de confrontar porque sí. No se trata de optar entre ser un pendenciero o ser un pusilánime. No se trata de abrir 500 frentes al mismo tiempo.

Se trata de poner, por delante de la híper-sensibilidad e intransigencia de los privilegiados -a los que no les está yendo nada mal-, las necesidades imperiosas de la mayoría nacional de vivir decentemente, cosa que nuestro país está en condiciones de garantizar.

Buenos Aires, 20 de julio de 2022.

*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.