Tras tres años y medio de debate, diez represores fueron sentenciados por crímenes cometidos en los campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo. El fallo también incluyó una pena de 25 años de prisión para un imputado, mientras que otro fue absuelto.

Entre los condenados se encuentran figuras destacadas como el exministro Jaime Lamont Smart, así como expolicías bonaerenses y exmilitares de inteligencia como Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, y otros. Estas sentencias marcan un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina.

El juicio, que inició durante la pandemia y se prolongó por casi cuatro años, examinó minuciosamente las responsabilidades del Ejército y del aparato de inteligencia, así como el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la policía bonaerense bajo el mando de Ramón Camps. El proceso constituyó un paso crucial en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina.