La medida incluye una movilización al Congreso de la Nación para exigir la aprobación de la ley que garantizaría el financiamiento adecuado para las universidades públicas, en un contexto de creciente tensión con el gobierno del presidente Javier Milei, quien ha amenazado con vetar la ley.

El paro, que fue ratificado por el plenario del gremio, no solo se enfoca en el financiamiento universitario, sino que también se realiza en rechazo al veto presidencial de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este veto ha generado un fuerte malestar entre los gremios y sectores sociales que luchan por la protección de los derechos de los jubilados.

El proyecto que los docentes universitarios esperan que sea aprobado por el Senado establece la actualización bimestral de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, ajustadas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes a partir de diciembre de 2023 y hasta diciembre de 2024, con ajustes mensuales de acuerdo a la inflación acumulada informada por el INDEC.

Si el Senado no aprueba la ley, la CONADU Histórica ha anunciado que propondrá al Frente Sindical de Universidades Nacionales un paro nacional de 72 horas para la próxima semana, además de otras acciones de visibilización. También se plantea la posibilidad de realizar una Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública durante la semana del 16 de septiembre, lo que podría intensificar aún más el conflicto.

Este escenario refleja la profunda preocupación de los sectores universitarios por el futuro del financiamiento de la educación superior en Argentina, en un contexto de crisis económica y social que sigue afectando a los sectores más vulnerables del país.