Científicos advierten la falta de evidencia respecto a la efectividad y el impacto ambiental que puede ocasionar el uso sostenido de aviones y cañones "antigranizo", una técnica para mitigar este fenómeno climático que sólo en Mendoza funciona bajo legislación, pero que comunidades rurales denuncian su utilización también en San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba y aseguran que “disipan la lluvia” y profundizan el contexto de sequía en estos territorios.

La práctica es conocida como “siembra de nubes” y supone inyectar yoduro de plata en las nubes de tormenta con el objetivo de reducir el tamaño del granizo, hasta el punto incluso de derretirse antes de caer al suelo, y evitar así los daños que puede provocar especialmente en zonas productivas.

Las inyecciones de este químico se realizan a través de cañones y bengalas que operan desde tierra o por vía aérea mediante aviones.

En las últimas semanas, productores ganaderos y pobladores rurales de distintas provincias del centro y oeste del país reavivaron con fuerza un reclamo que lleva más de 20 años contra la utilización de estas técnicas, al asegurar que "terminan dispersando las nubes” e impiden que llueva en un contexto de sequía y crisis hídrica, según declararon a medios provinciales.

Consultado por Télam, Eldo Ávila, experto en Física de la Atmósfera de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sostuvo que "no se encuentran casos en que oficialmente se utilice esta técnica para inhibir tormentas pero bien puede ser que, al tratar de mitigar el granizo, se afecte a la lluvia secundariamente si se usa este producto en exceso y sin control”.

“La modificación artificial de eventos meteorológicos es posible y se hace desde hace décadas para frenar el granizo, producir lluvia en lugares donde no llueve o nieve en mayor cantidad, como hacen en Chile", sostuvo el también investigador del Conicet.

Sin embargo, alertó que “introducir modificaciones artificiales siempre trae consecuencias y el problema es que nadie sabe cabalmente cuál es el efecto a largo plazo de esto".

En Argentina, el gobierno provincial de Mendoza, una de las zonas más propensas al granizo del mundo, comenzó ya en 1959 a experimentar distintos métodos para mitigar este fenómeno climático que supone uno de los peligros más dañinos para los oasis agrícolas de ese territorio.

El Sistema Integral de Lucha Antigranizo, implementado por la Dirección de Contingencias Climáticas mendocina, destinó este año una inversión de siete mil millones de pesos en aviones y bengalas, según fuentes oficiales.

Respecto a las dudas planteadas en torno a este sistema, el ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que se trata de “una creencia popular” y argumentó que “es una siembra de yoduro de plata para achicar granizo y de última hacer llover en un lugar en el que no iba a llover, pero no podés desplazar tormentas”.

Negar la eficacia de estas técnicas, aseguró en diálogo con MDZ Radio, “es como decir que la tierra es plana y no es redonda".

"Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial resalta la falta de evidencia científica que posee la siembra de nubes para la reducción del granizo, cuyos resultados no han podido demostrar un efecto estadísticamente significativo”, sostuvo en diálogo con Télam Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos del Programa Regional de Meteorología del Conicet.

En el marco de la Ley provincial 7334, el gobierno mendocino debe evaluar cada 30 días la efectividad y los impactos del sistema antigranizo.

“No se sabe si esos informes se hacen, con qué datos o qué herramientas estadísticas utilizan, pero el sistema continúa funcionando a pesar de los constantes daños generados por el granizo que supuestamente se está mitigando”, apuntó el científico, quien instó a apostar por "la colocación de malla antigranizo para proteger los cultivos" y la adquisición de nuevas tecnologías que "permitirán conocer mejor desde el aspecto científico el desarrollo del granizo destructivo".

En el resto del mundo, a partir de “la imposibilidad de demostrar estadísticamente su efectividad”, el sistema antigranizo es cada vez menos utilizado y atrás quedaron sus años de auge ligados a grandes experimentos en las décadas de 1970 y 1980.

En tanto, el rechazo a su utilización moviliza también a comunidades de San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba donde, pese a no estar legislado, aseguran ver los aviones que se sumergen en las tormentas y oír los estruendos de los cañones “rompetormentas”.

El reclamo fue elevado a la justicia a través de denuncias elaboradas por productores ganaderos del departamento sanjuanino de Sarmiento -donde se solicitó un informe de impacto ambiental a especialistas que aún no se dio a conocer- y del municipio cordobés de Cruz del Eje.

En San Luis se elevó un pedido de "acción urgente frente a la modificación intencional del clima y las tormentas", según indicaron medios locales.

Asimismo, ambos investigadores cuestionaron “la falta de conocimiento” respecto al impacto ambiental del uso sostenido del yoduro de plata.

"A estas escalas, sería importante que se estudie cuáles son los efectos positivos y negativos y se avance en su regulación, porque hacerlo sin control y después ver qué pasa puede resultar catastrófico. Si se inyecta en demasía se pueden contaminar las aguas y cuencas que bebemos", advirtió Ávila.

Entre otras investigaciones, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid titulado "Riesgo potencial de toxicidad aguda inducida por la siembra de nubes de AgI (yoduro de plata) en el suelo y la biota de agua dulce" advierte sobre el impacto de las altas concentraciones de químicos utilizados en el sistema antigranizo, que consideran tóxico para los ecosistemas terrestres y acuáticos "si se acumulan grandes cantidades de materiales en el medio ambiente".

“Desconozco si el gobierno (mendocino) realiza mediciones de las concentraciones de químicos en agua y suelo”, acotó Rivera.

Consultados por esta agencia sobre el tema, hasta el momento no se recibió respuesta del Ministerio de Producción mendocino.

"Todavía existe la creencia de que podemos controlar el clima a través de la geoingeniería. Lamentablemente lo hacemos pero para mal", cerró el científico.

Los trabajadores estatales de San Luis volverán a cobrar sus salarios, esta vez los correspondientes a enero, en dos cuotas, anunció el Gobierno de la provincia por medio de la Dirección de Recursos Humanos, se informó oficialmente.

Según el cronograma oficial, que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50 por ciento de sus haberes, con un pago mínimo de bolsillo de 300.000 pesos; el saldo restante del salario se hará efectivo el 6 de febrero.

"De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la Administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50 por ciento previsto para esa fecha", se indicó en un comunicado.

El texto oficial afirmó que, "pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina".

Finalmente, el comunicado destacó que los haberes de los funcionarios "recién serán abonados una vez finalizado el pago de los salarios de todos los empleados de la Administración Pública".

El anunció se llevó a cabo mientras se desarrollaba el paro de 12 horas y la movilización convocada por las centrales sindicales, que en la capital de la provincia reunió más de cinco cuadras de manifestantes y se replicó en las ciudades más importantes de San Luis como Villa Mercedes y Merlo. En las manifestaciones el reclamo común fue "pago de sueldo entero".

A pocos días de asumir el cargo, el gobernador Claudio Poggi anunció una política de ajuste en la provincia, que incluyó que los salarios de los trabajadores públicos correspondientes a diciembre y enero se pagarán en dos cuotas.

Sin embargo, ante una acción de amparo presentada por la seccional San Luis de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo provincial, debió adelantar el pago de la segunda cuota del salario de diciembre de los trabajadores estatales.

La jueza Penal y Contravencional Daniela Benenatti ordenó en aquel momento al gobierno de San Luis que abonara "de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó hoy que lo "angustia" la "amenaza" contenida en el anuncio que realizó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de "delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la Ley 'Bases' es rechazado".

En declaraciones realizadas en Casa de Gobierno santafecina, Pullaro afirmó que lo "angustia que desde el Gobierno central se pretenda quebrar una decisión" y consideró que el anuncio de Caputo va dirigido a Santa Fe.

"Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales", apuntó Pullaro.

El mandatario sostuvo que "Santa Fe es industria y campo", y estimó cualquier decisión que afecte esos conceptos está destinada "a romper el contrato social de defender a la provincia".

"Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", subrayó.

Para Pullaro, con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr "es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina".

"Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe", concluyó.

El diputado nacional (Hacemos por Nuestro País-Córdoba) Carlos Gutiérrez cuestionó la decisión de modificar el capítulo referido a los biocombustibles en el proyecto de Ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', al sostener que evidencia que “lo único que le importa es la recaudación”.

El legislador nacional cordobés, que responde al Gobierno provincial, mediante su cuenta X (ex Twitter) afirmó que cuando se creía que el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contiene a todos los sectores, “nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron”.

Gutiérrez, quien forma parte de los 23 diputados del bloque ‘Hacemos Coalición Federal’, al cuestionar esos cambios dijo que lo que se hizo “es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo”.

Al respecto, agregó que “es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?”, planteó el diputado nacional.

Además, calificó como una “aberración que se haya cambiado la definición de biocombustible cuando se incorpora y se habla de reciclado de plástico. Eso no es biocombustible”, aseveró.

El gobierno nacional del presidente Javier Milei impulsa en su proyecto un 10% la mezcla de biodiesel con gasoil, que luego será de un 15%, y la participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones.

En tanto, las provincias productoras de biocombustibles, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentaron su propia iniciativa que consiste en que se implementen licitaciones separadas: en segmentos separados del 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5% las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.