La decisión tomada por la jueza María Eugenia Bona a favor de Claudio Poggi, que busca la suspensión de todas las licitaciones de obra pública en San Luis, ha generado preocupación en el gobierno provincial. Iván Cali Velasco, jefe del Programa Asesoría Legal General del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, ha expresado que esta medida afecta significativamente la gobernabilidad del Estado provincial.

Este Martes 3 en horas de la mañana, un grupo de choferes y propietarios de remises y taxis, se reunieron en la Plaza del Barrio 828 ,  expresando su malestar precisamente con una nueva agencia que se destaca por estar íntegramente conformada por mujeres. Si bien manifestaron no tener nada contra esta nueva remisería surge de lo escuchado que pretenden “reglas claras para todos”.

Todo comenzó cuando la Jueza María Eugenia Bona, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gobernador electo Claudio Poggi y ordenó a la gestión actual del Poder Ejecutivo, que conduce Alberto Rodríguez Saá, “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública” ante lo que el Ejecutivo Provincial interpuso una resolución al respecto. 

La Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica San Luis convocó a audiencia pública para analizar un nuevo pedido de aumento tarifario solicitado por la empresa distribuidora del servicio de energía eléctrica, Edesal.