La decisión tomada por la jueza María Eugenia Bona a favor de Claudio Poggi, que busca la suspensión de todas las licitaciones de obra pública en San Luis, ha generado preocupación en el gobierno provincial. Iván Cali Velasco, jefe del Programa Asesoría Legal General del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, ha expresado que esta medida afecta significativamente la gobernabilidad del Estado provincial.
Todo comenzó cuando la Jueza María Eugenia Bona, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gobernador electo Claudio Poggi y ordenó a la gestión actual del Poder Ejecutivo, que conduce Alberto Rodríguez Saá, “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública” ante lo que el Ejecutivo Provincial interpuso una resolución al respecto.
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