El presidente brindó una clase sobre Derecho Penal en la Universidad de José C. Paz, acompañado del intendente local, Mario Ishii.

El presidente Alberto Fernández manifestó este miércoles que la oposición "quiere hacer creer" que en 2023, cuando se realicen las elecciones presidenciales, el oficialismo "está perdido". 

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender, por lo tanto necesito que todos y cada uno de ustedes estén convencidos", señaló el mandatario al encabezar una clase en la Universidad de José C. Paz.

Y apuntó: "A los que quieren hacerles creer que para el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!."

Acompañado por el intendente local Mario Ishii, el Jefe de Estado dio una clase de "Derecho Penal General y Especial" en dicha casa de estudios, inaugurada en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

"Hoy di una clase en la querida Universidad Nacional de José C Paz. Feliz de conocer a las y los estudiantes de la materia Derecho Penal General y Especial. Agradezco a cada uno de ellos. Su compromiso reafirma mi vocación por la educación pública", publicó Fernández en Twitter. 

Es la primera vez que el ataque sistemático contra ese colectivo es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó también a una decena de civiles, militares y policías retirados.

El represor Miguel Osvaldo Etchecolatz junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar.

La decisión la tomó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense.

Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado.

Se espera que los hechos sean tratados en el juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en aquellos escenarios del horror.

En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”, escribió Kreplak en uno de los tres autos de procesamiento que emitió en las causas que investigan los crímenes de “las brigadas”, como suele identificarse a los campos de concentración que funcionaron en la ex División Delitos Contra la Propiedad y Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Brigadas de Investigaciones de la bonaerense en Quilmes y Lanús.

Las resoluciones de Kreplak atienden y acompañan a un trabajo conjunto de la Fiscalía federal, las querellas que representan a sobrevivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos:
casos que habían quedado incompletos y, por lo tanto, no habían podido ser incorporados al juicio que se está desarrollando.

“Incorporamos casos nuevos, sumamos responsabilidades a casos que ya integraban la causa y sumamos a un imputado. La idea es tratar todo esto en el actual debate para no tener que hacer otro más adelante”, apuntó Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes.

A partir de un trabajo encabezado por Oberlin se logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchas de ellas viven en el exilio, al que acudieron en calidad de refugiadas tras secuestros, torturas y abusos.

A través de sus relatos, el Juzgado Federal de Kreplak pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield. Entonces, todas eran muy jóvenes –algunas adolescentes–.

Al llegar al centro clandestino las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelo, violadas, tratadas malísimamente”, relató una de ellas. Recordaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre, abusos sexuales –eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o abrigo–.

“Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, remarcó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield.

El magistrado consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (...) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época” de la última dictadura.

Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez.

En el país, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad. Ninguno, a excepción del de Ramírez, cuenta con personas procesadas por esos hechos.

En este caso, Kreplak responsabilizó, con diversos grados de participación y responsabilidad, a Jaime Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por los secuestros, las torturas y los vejámenes de Valeria y las otras siete víctimas recientemente incorporadas.

“Lo que sucede aquí sienta precendente no solo en el país, sino en la región ya que se toma un grupo de casos y se considera que el colectivo travesti y trans fue objetivo de la violencia sistemática del terrorismo de Estado”, remarcó Oberlin. Así, “Argentina vuelve a ser pionera” en materia de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos.

Por último, la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal para juicios por crímenes de lesa humanidad destacó que este procesamiento “puede servir de mensaje para quienes no prestaron testimonio todavía, para que vean que hay una respuesta de parte de la Justicia”.

Es que muchos integrantes del colectivo travesti y trans “descreen de la Justicia, una de las instituciones que las violentó y las continúan violentando. Entonces este procesamiento ubica las cosas en su lugar: el Poder Judicial las escucha y se pone a investigar”, subrayó.

La titular del FMI dijo que es positivo que la Argentina sea un exportador de commodities y advirtió que el gran riesgo del cumplimiento del acuerdo de refinanciación de deuda es el aumento de precios.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló que el programa suscripto por la Argentina con el FMI podría requerir ser "recalibrado" para "reflejar los cambios en la economía global" y advirtió que "el gran riesgo" es la inflación, que -señaló- "también está empujada por factores exógenos".

Así lo expresó durante el discurso formal de apertura de la Asamblea Conjunta del FMI y del Banco Mundial, que se desarrolla en Washington y donde participa el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Allí sostuvo que el desafío que tiene por delante la Argentina es "la implementación del programa" a través del cual logró refinanciar los US$ 45.000 millones de deuda heredados de la administración macrista.

En ese contexto, señaló en particular que "el gran riesgo es la inflación".

Según Georgieva, la implementación del programa requerirá "recalibrarlo para reflejar los cambios en la economía global para la Argentina".

"Algunos cambios son positivos porque la Argentina es un exportador de commodities", afirmó la titular del FMI.

Sin embargo, alertó que "el gran riesgo es la inflación, que también está impulsada por factores exógenos, y también cómo traer la inflación a un punto que puedan tener confianza en ahorrar en su moneda".


La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo hoy que el programa suscripto por la Argentina con ese organismo podría requerir ser "recalibrado", para "reflejar los cambios en la economía global", y advirtió que "el gran riesgo" es la inflación, que -señaló- "también está empujada por factores exógenos".

El contexto mundial, de alta inflación y del fuerte impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, derivó en una situación de que "enfrentamos una crisis tras otra. La guerra encima de la pandemia. Es como ser golpeado por otra tormenta antes de que nos hayamos recuperado de la última", graficó Georgieva al arrancar su discurso.

El resultado es un revés masivo para la recuperación global, y ayer el Fondo reveló que redujo los pronósticos de crecimiento global a 3,6 % tanto para este año como para 2023, disminuyendo el crecimiento de 143 países.

En cambio para la Argentina elevó el crecimiento en un punto, a 4% del PIB, si bien el país queda entre los de mayor inflación del mundo.

Georgieva consideró que "hay tres prioridades apremiantes derivadas de la inflación" que golpea al mundo en general.

Primero, señaló, "requiere acciones decisivas por parte de los bancos centrales: deben mantener el dedo en el pulso de la inflación y ajustar la política según sea necesario".

En segundo lugar, consideró que "los precios altos y crecientes de los alimentos son especialmente preocupantes, especialmente en los países pobres donde existe un riesgo creciente de una crisis alimentaria, por lo que alentó a la acción internacional conjunta para evitarlo, es fundamental".

En tercer lugar, afirmó que "combatir la inflación mediante el endurecimiento de la política monetaria eleva los costos del servicio de la deuda".

Para mermar este efecto adverso, Georgieva dijo que los países con problemas "pueden ayudar a financiar esto con políticas fiscales más equitativas".

Al mismo tiempo, consideró esencial el apoyo internacional a través del Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G-20, y que "debe mejorarse con procedimientos y plazos claros para deudores y acreedores".

En cuanto al financiamiento del organismo, Georgieva puntualizó que se destinaron ya unos US$ 1.400 millones para socorrer a la devastada Ucrania.

También precisó que el Fondo actualmente despliega un financiamiento a los países de US$ 300.000 millones, y que "US$ 700 000 millones adicionales están disponibles para implementar".

Además de todo esto, Georgieva recordó que "están los $650.000 millones en DEG asignados el verano pasado, donde estos SDR han ayudado a nuestros miembros a responder a las crisis que enfrentan ahora, y harán aún más a largo plazo a medida que se canalicen hacia nuestro nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, aprobado por nuestra Junta Ejecutiva" la semana pasada, y que será implementado desde mayo próximo.

El Ministerio de Trabajo dispuso la finalización de los programas de Recuperación Productiva Repro y Repro II, que serán reemplazados por uno nuevo denominado Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo, por el que se asignará a las empresas adheridas un monto no superior a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada empleado.

La medida se dispuso a través de la resolución 420/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, que se dictó por considerarse que el Repro II "ha cumplido con sus objetivos y expectativas de política pública de asistencia a las empresas y sectores económicos y productivos afectados con motivo de los efectos que la Pandemia de Covid-19 produjo en la economía nacional a partir de marzo de 2020".

La nueva iniciativa –que conservará la sigla "Repro" en su denominación- consistirá en "una asignación dineraria individual a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa".

Ese monto será equivalente al 50% de la remuneración total hasta un máximo del 50% del SMVyM, que en la actualidad es de $38.940.

Para percibir la asignación, los empleados no deberán percibir una remuneración superior a cuatro veces el salario mínimo, es decir $155.760 en abril.

Esa asignación se otorgará por un período de tres meses y el empleador podrá acceder al programa durante dos períodos como máximo, consecutivos o no, dentro de los tres años contados a partir del inicio del primer período otorgado.

Al igual que en el Repro II, los empleadores que quieran acceder al nuevo programa deberán cumplir una serie de condiciones que serán definidas por un Comité de Evaluación y Monitoreo, integrado por representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo y otro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).