En octubre de 2024, San Luis sorprendió al anunciar la implementación de pruebas toxicológicas obligatorias para los funcionarios públicos, en un intento por reforzar la transparencia y la confianza en la administración provincial. La medida, impulsada por el gobierno provincial en convenio con la Universidad Nacional de San Luis, parece responder a la creciente demanda ciudadana de ética y responsabilidad en la función pública. Sin embargo, esta decisión, más simbólica que transformadora, plantea serios cuestionamientos sobre su eficacia y utilidad frente a los problemas urgentes que enfrenta la provincia.