Según fuentes del personal, las autoridades del hospital recuerdan constantemente que la institución es un centro privado, lo que facilita excusas para desvincular a los empleados. "Hacen y deshacen. El convenio colectivo de trabajo estipula 15 minutos de tolerancia para llegar tarde, pero si te retrasas solo 5 minutos, se acumulan las tardanzas, y a la tercera, te consideran una inasistencia, lo que puede llevar al despido", explicó una trabajadora.

Otro ejemplo de esta política de achicamiento de personal se da cuando los empleados enfermos no pueden asistir al trabajo. "Muchos enfermeros viajan desde el interior, y si deben presentar un certificado médico, tienen que hacerlo exclusivamente en el Carrillo, de lo contrario, no les aceptan el certificado", mencionó la fuente. Si no cumplen con esta medida, considerada arbitraria, se utiliza el argumento del ausentismo para justificar la desvinculación.

Además, la persecución laboral se extiende incluso después del despido, ya que algunos enfermeros han descubierto que, al intentar buscar otro trabajo, sus referencias laborales están manchadas con malas valoraciones injustificadas. Esta situación se agrava por las recientes desvinculaciones sin motivo aparente, que dañan la reputación profesional de los afectados.

Los empleados que continúan en el hospital también sufren las consecuencias, ya que deben hacerse cargo de una cantidad excesiva de pacientes. "Nos recargan con unos 15 pacientes por cada enfermero. Además, han reemplazado a licenciados y enfermeros titulados por auxiliares de enfermería, quienes, según la ley, no pueden trabajar en áreas críticas. Esto pone en riesgo tanto a los pacientes como al personal", afirmaron los trabajadores.

La precarización del personal ha derivado en un aumento alarmante de la mortalidad hospitalaria, y los empleados han denunciado que incluso enfermeros que han contraído COVID-19 han seguido trabajando, lo que incrementa el riesgo para todos.

**Denuncia de fraude laboral y competencia desleal**

Por otro lado, la seccional puntana de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) denunció a una empresa de seguridad privada, Águila SRL, por fraude laboral y competencia desleal en la licitación para cubrir el servicio de seguridad del hospital. Según el delegado regional de Upsra, Isaías Miranda, la empresa presentó una cotización muy por debajo del monto establecido por la Cámara Empresaria de Seguridad Privada, lo que podría derivar en la precarización de los trabajadores del sector.

La situación en el hospital Ramón Carrillo parece estar lejos de mejorar, con múltiples denuncias que afectan tanto a su personal como a los pacientes, y una creciente sensación de incertidumbre en torno a su funcionamiento.