Aunque se enarboló como una herramienta para garantizar la transparencia y ejemplaridad en los poderes públicos, denuncias recientes han revelado la existencia de un sistema de privilegios para algunos funcionarios, quienes acceden a los narcotests de manera anticipada y fuera de la aleatoriedad que estipula la normativa.

Ética en duda: ¿una ley para pocos?

Desde su promulgación, la ley ha sido promocionada como un hito en la lucha contra el consumo de sustancias en la administración pública. Sin embargo, la revelación de un “sector VIP” dentro del Gobierno que recibe notificaciones previas sobre los exámenes toxicológicos ha generado indignación y desconfianza en diversos sectores.

Este tratamiento preferencial no solo contradice el espíritu de la normativa, sino que pone en entredicho el compromiso del oficialismo con la coherencia que dice defender. Mientras que a algunos se les exige someterse a pruebas aleatorias y sin previo aviso, otros disfrutan de un sistema privilegiado que les permite evadir posibles sanciones o escándalos públicos.

El poggismo ha hecho de esta ley un eje central de su narrativa política, presentándose como guardianes de la ética y la transparencia. Sin embargo, la existencia de esta doble vara expone un cinismo profundamente arraigado. El uso estratégico de la normativa como herramienta política y simbólica contrasta con la realidad de su aplicación sesgada.

La falta de controles claros y la permisividad hacia este trato diferencial reflejan, según críticos, un modelo de gestión más enfocado en la imagen que en los valores que dice promover.

El impacto en la opinión pública

La polémica sobre los narcotests VIP ha generado un amplio debate en la sociedad, con ciudadanos cuestionando si la Ley de Ejemplaridad y Coherencia es realmente una herramienta para todos o solo un recurso de propaganda. Sectores opositores han exigido explicaciones y la implementación de mecanismos de control más estrictos para evitar privilegios.

Además, este episodio pone en jaque la credibilidad del oficialismo y la legitimidad de una ley que, en teoría, busca establecer un estándar ético uniforme para todos los funcionarios públicos.

Reclamos por transparencia y verdadera ejemplaridad

Ante estas revelaciones, se han alzado voces que piden revisar la normativa y garantizar su aplicación imparcial. Organizaciones civiles y legisladores opositores han propuesto incorporar auditorías externas e independientes que supervisen los procedimientos, así como sanciones más severas para quienes manipulen el sistema.

En última instancia, el escándalo de los narcotests VIP no solo desnuda las inconsistencias de una gestión que se proclama modelo de ética, sino que también plantea una pregunta fundamental: ¿puede una ley tener valor cuando quienes la impulsan no predican con el ejemplo?