El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo en su última actualización el "alerta roja" por altas temperaturas extremas para localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires y emitió advertencias de nivel "naranja y amarillo" para el centro del país desde San Juan hasta Chubut.

Las áreas afectadas por el alerta roja alcanzan a ciudades del oeste pampeano en Chical có y Puelen; este de Neuquén, en Confluencia, este de Añelo, Pehuenches y Picú Leufú; norte de Río Negro, en el este de El Cuy y General Roca.

La misma advertencia por altas temperatura se repite en el noreste de Mendoza, en localidades como el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y en el sur de Buenos Aires, en la franja costera.

En tanto, en las localidades de San Martín (Mendoza) se esperan 37 grados, en General Roca (Río Negro), 38 grados y en Picún Leufú (Neuquén), 37 grados; previendo a su vez una máxima de 35 grados en Pue lén (La Pampa).

También se prevé que la temperatura suba a 37 grados en la costa de Bahía Blanca, Villarino y Monte Hermoso; 34 grados, en Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el ranking de altas temperaturas del SMN disminuyó esta mañana con respecto a las publicadas ayer, encabezadas por las localidades rionegrinas de San Antonio Oeste, con 37,4 grados y Viedma, con 35,8 grados.

Esta mañana, lo siguen encabezando esas ciudades de la provincia de Rio Negro con 29,5 grados en San Antonio de Oeste y 28,3, en Viedma, térmicas que continúan siendo altas temperaturas para esas localidades sureñas.

Además, Puerto Madryn (Chubut) se esperan 26,8 grados y San Fernando del Valle de Catamarca, 26,2 grados. A partir de ahí, el resto del país continuará con máximas de 23 grados o por debajo de ese valor, salvo las localidades bajo alerta roja.

En tanto, el organismo meteorológico mantuvo las alertas naranjas emitidas ayer, para el sudeste y centro de Mendoza, sudoeste de Neuquén, buena parte de Río Negro y el oeste de Chubut.

Finalmente, las advertencias de nivel amarillo también continúan de la misma forma que ayer en el resto de Mendoza, cordillera neuquina y de Río Negro, gran parte de La Pampa y San Luis, sur de San Juan, este de Córdoba y sur de Buenos Aires.

Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a bebés, niños y niñas y a personas mayores, evitar las "bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas".

También "evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropas ligeras, holgadas y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados, o acondicionados" y recordar que "no existen tratamientos farmacológicos contra los golpes de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo".

Cuota Simple, el plan de fomento al consumo que reemplazará al Ahora 12 desde el 1 de febrero, ofrecerá 27 categorías de bienes y servicios entre los que se encuentran línea blanca, muebles, motos, indumentaria, calzado, bicicletas y teléfonos celulares.

La iniciativa lanzada por el Gobierno también incluirá colchones, libros, anteojos, artículos de librería y servicios educativos.

El listado fue conocido en detalle a través de la Resolución 50/2024 de la Secretaría de Comercio.

Allí se informó que "podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el territorio de la República Argentina, comprendidos en las categorías que a continuación se detallan":

- Línea Blanca. Comprenderá únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

- Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), como también joyería y relojería.

- Calzado y Marroquinería: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

- Teléfonos celulares con tecnología 4G.

- Muebles para el hogar.

- Bicicletas de todo tipo, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

- Motos: todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $1.300.000.

- Servicios Educativos. Comprenderá cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluirá escuelas ni universidades.

- Colchones y sommiers.

- Libros y textos escolares.

- Anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $97.000.

- Artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).

- Juguetes y juegos de mesa: todos los productos.

- Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar.

- Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

- Instrumentos musicales.

- Computadoras, notebooks y tablets.

- Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED (lightemitting diode).

- Televisores y monitores.

- Productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

- Pequeños electrodomésticos.

- Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

- Equipamiento Médico. Comprenderá instrumentos como equipos de terapia respiratoria, camas ortopédicas, sillas de ruedas y ortopedia. Se establecerá un tope para el rubro de $1.160.000.

- Maquinaria y herramientas. Comprenderá: taladros, amoladoras, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadoras y morsas.

- Espectáculos y eventos culturales como obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, y se establecerá un tope de $62.000.

- Elementos durables de cocina: ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio.

- Servicios de reparación de vehículos automotores y motocicletas.

- Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.

"Los bienes y servicios detallados en los incisos precedentes podrán ser ampliados, reducidos o modificados por la Autoridad de Aplicación", señaló la Resolución.

Al programa podrán adherir los establecimientos que califiquen como "Supermercados", "Hipermercados" o "Tiendas de Rubros Generales", con tres y seis cuotas que ofrezcan bienes de producción nacional.

El programa, en esta etapa, estará vigente hasta el próximo 31 de mayo, aunque la resolución señala que el plazo es prorrogable.

Al igual que Ahora 12, tendrá alcance nacional, se podrá usar todos los días y estará disponible tanto en tiendas físicas y virtuales.

En los considerandos, se señala que la extensión del programa - con un nuevo nombre- es producto de su "importancia como una herramienta eficaz ante la actual crisis económica".

Una de las modificaciones de Cuota Simple es que únicamente ofrecerá modalidades de tres y seis cuotas, discontinuando las de 12, 18 y 24 cuotas.

"En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Economía, mediante las cuales se promueve un Plan de Estabilización para terminar con el déficit fiscal y llevar adelante una desregulación de la economía que libere a las fuerzas productivas del peso del Estado, resulta oportuno y conveniente las distorsiones que pueda implicar el programa", señala la resolución sobre el motivo bajo el cual se eliminaron dichas opciones de cuotas.

La tasa será del 85% de la tasa de plazos fijos que establezca el Banco Central (BCRA) para 30 días, actualizándose de forma automática al tercer día hábil posterior a que el BCRA eventualmente la modifique.

De mantenerse la actual tasa nominal anual (TNA) de plazo fijo (110%), la de Cuota Simple queda en 93,5%.

 La compleja negociación por el proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que el Gobierno pretende aprobar la semana próxima en la Cámara de Diputados, sigue generando una estrategia conjunta por parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que tienen por un lado una serie de reclamos conjuntos, y también particularidades que responden a la realidad económica de cada provincia.

Los últimos días HUBO una fuerte tensión política entre los mandatarios de JxC --Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Alfredo Cornejo (Mendoza); Jorge Macri (CABA); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco)-- y la Casa Rosada, que parece haber sido determinante para que el ministro de Economía, Luis Caputo anunciara el retiro del paquete fiscal del proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Los gobernadores centraban sus diferencias en torno al régimen de retenciones que deberían pagar las economías regionales por exportar su producción, que fueron excluidas de la inciativa.

En líneas generales, según las consultas hechas por Télam con varios gobernadores de JxC, ya fueron allanadas dos diferencias iniciales, las vinculadas a la Ley de Pesca y a los biocombustibles.

Las rispideces en la negociaciones que se entablaron esta semana entre el Ejecutivo y este bloque de mandatarios, tensaron también la relación entre el Gobierno y los integrantes del bloque "Hacemos Coalición Federal", que encabeza el diputado nacional Miguel Pichetto en la Cámara baja.

En medio del fragor de esas disputas, el excandidato a vicepresidente de JxC declaró que "no se puede funcionar así los cuatro años", al aludir a las marchas y contramarchas en la negociación de la ley que evidenció en los últimos días el oficialismo.

A pesar de haber logrado un dictamen de mayoría para tratar la ley la semana próxima en el pleno de Diputados, los gobernadores insisten en que muchos de los acuerdos económicos que ellos planteaban para respaldar la ley no se vieron reflejados en ese documento.

De hecho, el radicalismo, en parte por la presión de los gobernadores, firmó un dictamen propio planteando más del 180 disidencias con la postura con la cual el oficialismo impulsó esta iniciativa en el parlamento.

En tanto, el bloque de gobernadores patagónicos --que integra Torres junto con Alberto Weretlneck (Río Negro); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figuero (Neuquén) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)-- representa un grupo con orientaciones políticas diferenciadas, pero con intereses comunes en relación a varios de los artículos contenidos en el proyecto de la Ley de "Bases".

Estos mandatarios estaban, en el inicio de las negociaciones con el Gobierno, preocupados sobre todo por las modificaciones que la iniciativa proponía en relación a la vigente ley que rige la actividad pesquera y algunas cuestiones referidas a la producción de los hidrocarburos.

Sin embargo, todavía está pendiente una resolución en torno a los subsidios que obtiene la Patagonia en invierno, para los consumos de los servicios de gas y que estàn especificados en las denominada ley de "Zonas Frías".

"Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas. Trabajamos y producimos y de cada 100 que aportamos, recibimos apenas 40 y nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales sean un desastre, que los puertos estén destrozados. Encima nos vienen a decir que si no acompañamos, no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros", indicó con un inocultable enojo Torres, durante un acto realizado en Chubut.

La molestia de este gobernador patagónico no hizo más que reflejar el disgusto de varios mandatarios ante los mensajes que llegaron en las últimas horas desde de el Ejecutivo en relación a cargas el costo del ajusto sobre las provincias si no se aprobaba al ley de "Bases", tal como lo explicitó Caputo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera, vamos a defender a Santa Fe", señaló por su parte Pullaro al replicar las afirmaciones del Ministro.

Por eso, tras el anuncio del titular de la cartera económica de retirar del proyecto de "Bases" puntos vinculados con el "blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de formula jubilatoria", pareciera haberse puesto un impase en las controversias que mantuvieron los mandatarios de JxC y los funcionarios del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei.

Los diez gobernadores de JxC habían avanzado en sus planteos, básicamente con el ministro del Interior, Guillermo Francos, aunque quieren comprobar si, durante el debate del proyecto de la ley, estos acuerdos finalmente se respetan.

En síntesis, estos acuerdos tenían que ver en primer término con reducir al mínimo posible las retenciones a las exportaciones de productos de las economías regionales, siendo este el punto más álgido de la negociación.

También habían pedido los mandatarios provinciales un compromiso por parte del Ejecutivo para que la Ciudad de Buenos Aires recuperara los fondos en el conflicto que mantuvo con la Nación por el traspaso de la Policía, y que se cumpla en este sentido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los gobernadores también habían insistido en mantener dos fondos fiduciarios, por los cuales reciben transferencias de la Nación para obras de infraestructura.

Por último, los mandatarios mantienen una pulseada por el impuesto a las Ganancias, que ante los cambios ocurridos a fines del año pasado implicó que las provincias sufrieran una merma en los fondos que reciben.

Después de su participación en el paro y movilización de la CGT, el peronismo se reorganiza en la oposición y, mientras continúa la discusión por el recambio de autoridades partidarias, emergen las figuras del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del excandidato presidencial y exministro de Economía, Sergio Massa, como potenciales protagonistas de este ciclo político.

La medida de fuerza de las centrales obreras de la semana pasada, a 45 días de iniciado el Gobierno del presidente Javier Milei, y de la que participaron la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los movimientos sociales, además de numerosos sectores de la sociedad civil, dejó al peronismo en un estado de movilización interna para renovar su elenco y potenciar figuras que puedan aglutinar el rechazo a las políticas económicas. sociales y laborales que impulsa el Gobierno nacional.

Una de estas referencias es la de Kicillof, quien reúne el mayor consenso interno como uno de los protagonistas de esta etapa: el gobernador bonaerense se sumó a la marcha a la Plaza Congreso y ya dejó en claro que mantendrá la prédica por un modelo con Estado "presente" en la economía, a contramano de los postulados libertarios.

Kicillof, que tiene su base política en La Plata, pareciera además haber sido elegido como blanco predilecto de los voceros de La Libertad Avanza (LLA): desde el propio Presidente a distintos funcionarios fueron en los últimos días recrudeciendo las críticas hacia su figura, con el corolario de los cuestionamientos por la participación del mandatario en la protesta cegetista.

A su vez, y aunque lo niegue, Kicillof hace gestos para la renovación peronista: en su incursión en la movilización obrera apareció acompañado de intendentes como Jorge Ferraresi, de Avellaneda, uno de los que promueve las reuniones multisectoriales en el territorio y se distancia de la conducción del PJ provincial, actualmente en manos de la agrupación kirchnerista de La Cámpora.

La ubicación de cada sector en la protesta habló por sí sola: Kicillof y los intendentes marcharon por un lado, mientras Máximo Kirchner, actual jefe del partido en el territorio bonaerense y la militancia camporista lo hicieron por el otro.

Ferraresi y otros dirigentes del peronismo bonaerense como Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y Juan Zabaleta, exalcalde de Hurlingham, empujan un recambio puertas adentro del PJ para la "reconstrucción" que implica la "etapa que viene", en palabras de los propios protagonistas.

El otro pivote de este reacomodamiento es Massa, que si bien aclara que no apunta al "liderazgo político", se mueve como si se negara a cerrar esa puerta: el día del paro de la CGT se mostró en el Congreso con el diputado tucumano Pablo Yedlin, mientras el Frente Renovador marcaba la presencia del espacio en las calles.

Si bien fue una reunión "informal" y "casi social", según indicaron a Télam fuentes al tanto del encuentro, la imagen proyectada en redes sociales no dejó lugar a dudas: Massa y Yedlin aparecieron juntos el mismo día en que tres diputados del peronismo de Tucumán anunciaron su ruptura con el bloque de Unión por la Patria (UxP) para apoyar la ley 'Bases', a las órdenes del gobernador Osvaldo Jaldo.

"Los tucumanos pueden estar tranquilos de que, como siempre, los defenderé y trabajaré por un Tucumán y una Patria más equitativa, justa y solidaria", expresó Yedlin, quien fuera senador y ministro de Salud del Gobierno de Juan Manzur, para diferenciarse de los díscolos.

Traducción: en momentos de fragmentación, presión y zozobra en el peronismo, Massa apuesta por la unidad. La misma unidad que lo hizo candidato presidencial el año pasado.

Mientras tanto, en otra discusión intramuros, un sector del justicialismo se asomó a la superficie para pedir la renuncia de Alberto Fernández como presidente del Consejo Nacional del PJ, del mismo modo que lo hiciera Gray tiempo atrás.

Actualmente en Madrid, Fernández tiene mandato político hasta abril de 2025, pero el partido no tiene actividad y ni siquiera convocó de manera orgánica a participar de la movilización de la CGT, como sí lo hicieron las filiales provinciales.

Ahora, dirigentes como Alberto Rodríguez Saá, Gabriel Mariotto, Milagro Sala y Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, reclaman el "inmediato" apartamiento del expresidente de la estructura orgánica y la convocatoria a una "elección interna abierta" para "reconstruir" al peronismo en la oposición.

"Vaciaron de contenido el PJ, se encapricharon con una lista única y el destrato fue terrible", señaló Mariotto en diálogo con Télam, al recordar la nómina que su sector quiso presentar, sin suerte, en el cierre de listas del año pasado.

El exvicegobernador bonaerense reprochó que, después del "atropello" que sufriera su espacio, "el PJ tampoco funcionó, hubo distintos hechos y el partido ni siquiera se expresó", y anticipó que el lunes, a las 11.30, se hará entrega formal del pedido de renuncia del expresidente Alberto Fernández a la titularidad del espacio político que aún ostenta en el orden nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alerta roja por temperaturas altas extremas en localidades de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires, y rigen advertencias de nivel naranja y amarillo por calor en San Juan, Córdoba, San Luis y Chubut.

El organismo meteorológico indicó que las áreas afectadas por la alerta roja alcanzarán a localidades del oeste de La Pampa, norte de Río Negro, este de Neuquén, noreste de Mendoza y en el sur de Buenos Aires, en la costa.

En las localidades de San Martín en Mendoza, de General Roca en Río Negro y de Picún Leufú en Neuquén se esperan 40 grados, mientras que se prevé una máxima de 39 grados en Puelén, en La Pampa.

También se espera que la temperatura ascienda a 38 grados en la costa de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino y Monte Hermoso en Buenos Aires.

La alerta roja significa la presencia de temperaturas que "pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables".

Además, la alerta naranja se extiende por el sureste y centro de Mendoza, sur de Neuquén, buena parte de Río Negro y el este de Chubut.

Finalmente, la advertencia de nivel amarilla afecta al resto de Mendoza, Neuquén y Río Negro, gran parte de La Pampa y San Luis, sur de San Juan, este de Córdoba y sur de Buenos Aires.

Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

En vísperas del Día de la Fiebre Amarilla, instituido en el país en conmemoración del inicio de la epidemia de 1871, especialistas insistieron en la importancia de la vacunación con suficiente antelación en viajeros que tienen como destino países que la exigen como requisito de ingreso (como India, Tailandia o Bahamas), donde es recomendable como Brasil, Paraguay, Bolivia o Perú, y donde la enfermedad no ha sido erradicada y es endémica.

"La vacuna proporciona una inmunidad efectiva al cabo de diez días en el 80 a 100% de las personas vacunadas, y al cabo de 30 días, en más del 99%", dijo Corina Nemirovsky, médica infectológa a cargo del programa de Medicina del Viajero del Hospital Italiano, quien recordó que es "segura", "accesible", consiste en "una dosis para toda la vida" y es también "la principal herramienta de prevención".

En cuento a los efectos adversos, puntualizó que éstos "son raros, aunque aumentan con la edad luego de los 60 años, por lo cual debería evaluarse con precaución el beneficio sobre los riesgos de la vacunación en esta población".

En el caso de tener previsto un viaje a un área donde la fiebre amarilla es endémica o se registra un brote, "la vacunación en nuestro país puede realizarse sin costo solicitando turno en Sanidad de Fronteras".

"También se encuentra disponible con certificación internacional en algunos vacunatorios privados, aunque con costo", dijo.

Entre los grupos que tienen contraindicada la vacuna de la fiebre amarilla "por el riesgo de desarrollar efectos adversos graves", enumeró a "niños menores de 9 meses, mujeres embarazadas (excepto durante un brote de fiebre amarilla cuando el riesgo de infección es alto); personas con alergias graves a las proteínas del huevo, y personas con inmunodepresión".

La especialista recordó que países como India, Sudáfrica, Tailandia, Jamaica y Bahamas "exigen el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para poder entrar, como forma de evitar el ingreso de turistas con la enfermedad" dado que "se trata de zonas en las que la está erradicada".

"Dado que en estos países no hay riesgo epidemiológico de adquirir la enfermedad, en caso de existir contraindicación para vacunarse por la edad o por algún motivo médico, se puede evitar la vacunación por medio de una exención que se tramita con la autoridad sanitaria", explicó.

Por otro lado, es recomendable tener la vacuna si el viaje es a Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú "por tratarse de zonas donde hay riesgo epidemiológico de contraer la enfermedad".

"En caso de que el riesgo de adquirir la enfermedad en el área a visitar sea mayor que los riesgos de presentar algún efecto adverso grave por la vacuna, se recomendará la vacunación, casos en los que debe realizarse, por lo menos, 15 días antes del viaje", dijo.

Las epidemias de fiebre amarilla en Buenos Aires tuvieron lugar en los años 1852, 1858, 1870 y 1871 pero la suscitada en este último año fue un verdadero desastre sanitario que mató aproximadamente al 8% de los porteños, habiéndose iniciado el 27 de enero de aquel año, día en que se registraron las primeras tres muertes.

El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se cumplieron “todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución”, cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias de corrupción e incompatibilidades institucionales.

“El hallazgo del colectivo que había comprado la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado” afirmó la Agencia de Noticias del Estado Provincial.

“Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de cuentas” afirmaron.

Según la misma comunicación esa asamblea “será el viernes 2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece de un espacio físico propio”.

Advirtieron además que queda por resolver “el padrón de asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una irregularidad”.

La intervención impulsada por el gobierno provincial derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña, dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.

La AFA comunicó que para levantar la suspensión el gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la Liga “debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.

Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por "violación de deberes de funcionario público", por presuntos adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la Universidad de La Punta.

Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

El 15 de enero, Cintia Ramírez, en una conferencia de prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata “de una persecución política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá”.

“Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional, como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el club”, indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó “dentro de los procedimientos administrativos” vigentes.

La Fundación Solidaridad Cáncer Argentina convocó hoy a una marcha para el próximo domingo 4 de febrero en reclamo de soluciones para pacientes oncológicos a los que “no les está llegando el tratamiento en tiempo y forma” para una enfermedad que "no puede esperar”.

Así lo expresó a Télam Radio la titular de la fundación, Débora Bosco, quien sostuvo que buscan “visibilizar que, lamentablemente, hoy los pacientes están teniendo un inconveniente con los tratamientos”.

Junto a familiares e instituciones oncológicas concentrarán este domingo 4 a las 15 frente al Congreso, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer.

La convocatoria surge a partir de la necesidad de “que empiecen a entregar los tratamientos como corresponde a estas familias que están tan angustiadas”, aseguró Bosco.

En esa línea, indicó que las instituciones que nuclean a pacientes con cáncer tienen comunicación “con el Ministerio de Salud de provincia (de Buenos Aires)" y desde ese organismo “está llegando la medicación como corresponde”.

Sin embargo, precisó que hay "inconveniente con lo que es Nación”, en relación a tratamientos que se encuentran por fuera del vademécum de la Provincia de Buenos Aires y que solamente entrega la cartera de salud nacional.

“Tenemos 10 familias a la espera del Prembolizumab que, lamentablemente, el tratamiento no les llega. Y esas familias todos los días nos llaman, obviamente muy angustiados, porque el cáncer no espera”, sostuvo Bosco.

Ante esta situación, la organización decidió "salir a dar a conocer esto para que, obviamente, se regularice”.

La concentración, que estará acompañada de intervenciones artísticas, “se va a realizar muy pacíficamente y apolíticamente”, resaltó la titular de la Fundación Solidaridad Cáncer.

“Va a ser algo muy tranquilo, y como siempre decimos en la salud no hay bandera política”, cerró.

La Justicia brasilera dictaminó que las mineras Vale, Samarco y BHP (Broken Hill Proprietary, por sus siglas en inglés) deberán pagar el equivalente de unos 9.560 millones de dólares por los daños provocados por el colapso en 2015 de una represa en la localidad brasileña de Mariana, en Minas Gerais (centro) que mató a 19 personas y devastó la región.

"Las empresas BHP, Vale y Samarco fueron condenadas al pago de indemnización por daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas", señaló la sentencia.

El fallo determinó que los gigantes mineros brasileños Vale y Samarco y el angloaustraliano BHP deberán pagar 47.600 millones de reales (unos 9.560 millones de dólares), según detalló el documento jurídico.

El juez sustituto Vinicius Cobucci, de un tribunal federal de Belo Horizonte, ordenó que la suma vaya a un fondo administrado por el gobierno de Brasil y se utilice en proyectos e iniciativas en áreas afectadas, a lo que se le debe sumar los intereses desde el 5 de noviembre de 2015, cuando ocurrió la tragedia medioambiental, según publicó hoy la agencia France Press.

El fallo determinó que "las comunidades se vieron impactadas en su vivienda, trabajo y relaciones personales", a causa del siniestro ocurrido en el que también "murieron personas" y "hubo degradación ambiental".

"La perturbación generó afectaciones al ecosistema, con interferencia negativa en varias cadenas productivas y procesos ecológicos", apuntó el fallo.

Sin embargo, un pedido del pago de indemnización por daños a las víctimas consideradas de manera individual, fue rechazado "por razones técnicas".

"La solicitud no aportó elementos mínimos para identificar las categorías de afectados y qué daños sufrieron esas categorías", apuntó el documento, que deja abierta la posibilidad de "considerar una nueva solicitud si cumple con los requisitos mínimos legales".

En tanto, la justicia británica postergó de abril a octubre de 2024 el examen de una demanda colectiva (de más de 700.000 participantes) vinculada también al desastre de Mariana, en el que reclaman miles de millones de libras a BHP.

El gigante angloaustraliano era copropietario, junto con el grupo brasileño Vale, de la minera brasileña Samarco, que administraba la represa.

El colapso del dique cerca de las localidades de Mariana y Bento Rodrigues en el Estado de Minas Gerais vertió casi 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales altamente contaminantes.

El desastre medioambiental de lodo recorrió 650 kilómetros por el río Doce hasta el Atlántico, arrasó localidades, mató a 19 personas y devastó la flora y la fauna en toda la región, que alberga el hábitat ancestral de los indígenas krenak.

La condena del accidente de Mariana se conoce el día en que se cumplen cinco años del accidente de Brumadinho, otra tragedia minera que sucedió el 25 de enero del 2019, en el que fallecieron al menos 270 personas y dejó graves consecuencias medioambientales.

En ese entonces, una represa, también propiedad de Vale que contenía más de 11 millones de metros cúbicos de desechos mineros colapsó y cubrió la zona, también en Minas Gerais, de un espeso mar marrón de lodo.

En 2021, la compañía aceptó pagar casi 38.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares) en daños, incluidas tareas de limpieza ambiental. Vale dijo que también alcanzó acuerdos individuales para pagar otros 3.500 millones de reales a las familias de las víctimas y otros afectados.

Un tribunal federal procesó en enero de 2023 al director ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, y a otras 15 personas por este desastre.

Los fiscales alegan que Vale y la firma de consultoría alemana Tuv Sud, que auditó la seguridad de la presa, actuaron en complicidad para ocultar el riesgo de colapso.

Tuv Sud también enfrenta un juicio en Alemania.

El juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy un pedido de una medida cautelar, formulada en diciembre pasado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, al considerar que "las constancias aportadas resultarían insuficientes para tener por acreditados los supuestos agravios irreparables" que que generaría la normativa.

Así lo estableció la justicia en un dictamen al que tuvo acceso Télam, en el cual se sostiene que además "no" hay criterios razonables para establecer que haya un "peligro en la demora" respecto de la declaración.

Además, el escrito remarca que "la pretensión cautelar resulta sustancialmente idéntica al objeto principal de la acción intentada, por lo que de acogerse favorablemente la medida solicitada, el actor obtendría anticipadamente la satisfacción que persigue con la acción de fondo intentada, afectándose el objeto del pleito con menoscabo a las garantías constitucionales ya referidas".

"En definitiva, y teniendo en cuenta el objeto de la demanda y que, como se dijo, el estudio de la tutela pretendida implica examinar de manera anticipada la materia debatida en la causa, ello determina, junto con el resto de las consideraciones vertidas en el presente pronunciamiento, el rechazo de la medida precautoria requerida", agrega el texto.

El 26 de diciembre pasado, Domínguez presentó una acción acción declarativa contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del DNU 70/2023 y solicitó la medida cautelar que recayó en el juzgado citado "con el objeto de que se disponga la suspensión de los efectos del decreto hasta tanto se dicte sentencia definitiva".

El pedido a la justicia de parte del constitucionalista planteó que "la ejecución del decreto impugnado genera un perjuicio de imposible reparación ulterior puesto que intenta sustituir la función legislativa asignada por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación".

Frente a esta situación, el Estado hizo una presentación el 18 de enero pasado y solicitó que se desestime la medida peticionada por Domínguez en tanto la decisión de hoy concluye con que "no se ha podido demostrar alguno de los requisitos" establecidos por el derecho para otorgar la cautelar.