Los programas sociales son un tema que interpela a la sociedad y que genera cada vez más descontento. Critican los que no lo reciben porque entienden que sale de sus impuestos, protestan los funcionarios e incluso los dirigentes sociales, porque es “piantavotos” y no “una solución de fondo” y hasta se quejan quienes los reciben, sea porque no les alcanza o porque desean empleo formal.

José Cornejo es el director de la Agencia Paco Urondo además de docente en la Universidad Nacional de La Plata. 

Ha sido un caballito de batalla histórico de las fuerzas políticas liberales, excepto cuando llegan al Poder Ejecutivo. Fácil para las chicanas, la verdad es que es un tema complejo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publica 75 programas sociales aglutinados en 5 ejes. Aunque claramente el corazón del debate es el programa Potenciar Trabajo (que unificó a Hacemos Futuro y al Salario Social Complementario), un mega subsidio que aglutina 1,4 millones de beneficiarios. Estos cobraron en mayo $22.470. Para dimensionar la suma, el INDEC informó que una familia tipo necesitó $44.500 para no ser indigente.  

Estas son las principales discusiones en torno a los programas sociales:

1. La población sobrante del capitalismo 

Corrientes tardías del marxismo han logrado imponer que el capitalismo ya no puede generar pleno empleo, cómo ocurrió hasta los 70s. Hay que resignarse a un sistema de subsidios sociales que por lo menos evite que la creciente población caiga en la indigencia. No es una chicana, pero en verdad en este plano han coincidido con los gobiernos liberales y específicamente con el menemismo en Argentina, que implantaron los planes sociales como contención ante sus programas de ajuste y privatización. 

Por su parte, el peronismo ortodoxo (y sobre todo el sindical) entiende que ante la emergencia no queda otra opción, pero camino a la recuperación del pleno empleo. Argentina representa el 0,5% de la población mundial y a modo de ejemplo, el Brasil de Lula incrementó la clase media en 30 millones de personas. Incorporar salarialmente a 10 millones de argentinos (la mitad de la Población Económicamente Activa y también los demandantes del IFE) no debería ser un desafío insalvable.

2. Cobertura universal versus cobertura focalizada

Otro debate que se remonta a los 90s. Con la destrucción del empleo, el gobierno menemista acudió a organismos multilaterales para pedir consejo y financiación de sus políticas sociales. En ese entonces y aún hoy, la línea del FMI y organismos equivalentes fue identificar quiénes necesitaban ayuda y subsidiarlos. Así nacieron los diferentes planes que al calor de la explosión de 2001 fueron unificados y decuplicados en el plan Jefes y Jefas de Hogar, una  prestación de entre $100 y $200 pesos para desocupados por un lapso de tres meses.

La alternativa a este esquema focalizado la llevó adelante el Frente Nacional contra la Pobreza. Coordinado por la CTA, se buscaba crear un Seguro de Empleo y Formación para todos los desocupados y desocupadas. Consistía en $380 mensuales para cada jefa o jefe de hogar desocupado; una Asignación Universal de $60 por mes por cada hija o hijo de hasta 18 años; y otra de $150 pesos para los mayores de 65 años que no percibieran jubilación ni pensión. Ese mismo diciembre de 2001 convocó a un plebiscito masivo y se estima que entre dos y tres millones de votantes participaron de la votación.  

Este debate sigue vigente. Recientemente el espacio Patria Grande, que integran Juan Grabois e Itai Hagman, promovió la constitución de un salario universal básico para trabajadores informales. La iniciativa busca reemplazar el Potenciar Trabajo y cuenta con el apoyo del kirchnerismo e incluso del Papa Francisco. El dato es curioso y ejemplifica la complejidad del tema: Grabois es universalizador en materia de políticas sociales, pero acepta el concepto de población sobrante del inciso anterior.

3. La coyuntura política 

El principal administrador del Potenciar Trabajo es el Movimiento Evita, que armó una herramienta cuasi gremial: la CTEP luego devenida en UTEP. El volumen de programas administrados le ha permitido coordinar con innumerables espacios, tal como se hace público en las movilizaciones de las que el Evita participa. Alexander Roig, titular del INAES e integrante del Movimiento Evita, señaló en AM530 que el volumen de planes de la organización y sus aliados es equivalente al de todas las gobernaciones y municipios.

La organización ha alcanzado este logro debido a su astucia política, la construcción de base pero también por integrar puestos críticos del Estado vinculados a la administración de los planes, tales como el mismo Roig o el titular de la organización, Emilio Pérsico. Este reconoció que están “de los dos lados del mostrador”. En sintonía con esta línea, el Evita le viene demandando al gobierno de Alberto Fernández la constitución de un Ministerio de la Economía Popular, repartición que naturalmente administrarían ellos mismos. 

Además, el Evita está en una fase albertista, como lo demuestra la cantidad de funcionarios y su presencia en las marchas que convoca el presidente. La vicepresidenta no coincide con el concepto de población sobrante, no comparte que la asistencia social debe ser focalizada y por lo tanto con un ministerio específico y por supuesto, le deben irritar los cuestionamientos en on y sobre todo en off que surgen de ese sector contra ella.  

4. Los descuentos

Si toda esta complejidad no fuera suficiente, se mezcla un último tema derivado de la financiación de las organizaciones políticas. Históricamente, los espacios de base se han sostenido económicamente gracias al aporte voluntario de sus integrantes. Esto es muy difícil de entender para quienes no militan ni tienen una pertenencia muy activa en una comunidad. 

Pero además, dónde alguien administra un beneficio, el o la beneficiaria se expone a todo tipo de extorsión. Muchas veces, peores que las monetarias. Aquí es donde entra el famoso “alta por baja” y la “tercerización”. Desarrollo de Nación descansa en que el control de las tareas las hagan las cooperativas, ONG o repartición en la que el o la beneficiaria desempeña su tarea. Si se incumple la tarea, la organización puede pedir la baja de ese agente y otorgar el beneficio a otra persona, sin existir instancia de apelación. El sector alineado con el Evita contraargumenta que ese sistema ya no existe más.    

El tema es serio al punto que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense habilitó un teléfono para denunciar estas prácticas. No hay estadísticas aún para saber de la gravedad de la práctica y en qué porcentaje envilece a la ayuda social del Estado.

¿Conclusión?

El tema tiene muchos bemoles. Esto no puede ser una excusa para evitar la problemática, de la que dependen sus ingresos millones de argentinos y argentinas. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado en que el debate no sirva de insumo a quienes quieren quitarle a los y las humildes sus mínimas herramientas de subsistencia. Y en este sentido, la vicepresidenta en su exposición del lunes pasado no solo habló de planes sociales. Incluso, le dedicó más tiempo a otro tema, que ningún medio decidió desarrollar: la tasa de ganancia de las empresas oligopólicas en Argentina. Véase la nube de palabras que ilustra esta nota. Ojalá que el debate también aborde cuánto se están llevando los de arriba. 

* Director Agencia Paco Urondo. Docente UNLP.

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Científicas y científicos de la UNSL se encuentran en el desarrollo de metodologías analíticas selectivas para detectar contaminantes orgánicos emergentes con eficiencia y fiabilidad. Estos compuestos causan efectos invasivos en la salud, produciendo a lo largo del tiempo diferentes patologías cancerígenas.

La presión tributaria de nuestro país (impuestos sobre PBI) se ubica en un 28,6%, en línea con las economías de la región e incluso por debajo de Brasil (33%), Uruguay (29%) y el promedio registrado por la OCDE (33,8%) que a su interior contiene economías como la de Alemania (38,3%) o Italia y Francia cuya presión tributaria supera el 40% (45,4% y 42,9% respectivamente).