Una nueva reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado se realizará este miércoles para debatir los proyectos que buscan pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior.

El encuentro está previsto para las 14 y fuentes parlamentarias indicaron que podría haber dictamen si se producen algunos cambios, según analizaron este martes tras una reunión con especialistas.

Los expositores fueron aportados por el oficialismo y por la oposición y motivaron que los autores del proyecto, impulsado por el Frente de Todos (FdT), admitan la posibilidad de incluir modificaciones.

Así lo afirmaron la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, y su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli.

La senadora bonaerense reveló que la intención del proyecto, que apunta a cobrar una tasa sobre los bienes fugados al exterior, es que "no sea una excusa para el blanqueo de dinero por la comisión de delitos aberrantes".

En el mismo sentido se expresó Parrilli, quien enumeró una serie de cambios al texto que podría ser dictaminado.

"Vamos a aclarar en el texto expresamente que la única actividad ilícita que exime la ley es en la cuestión penal tributaria y de evasión fiscal. Siguen afuera (sin eximición) el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y demás", enumeró.

"Vamos a aclarar en el texto expresamente que la única actividad ilícita que exime la ley es en la cuestión penal tributaria y de evasión fiscal. Siguen afuera (sin eximición) el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y demás"Oscar Parrilli

Añadió que el colaborador debe "dar información que sea veraz, confiable, contundente y sincera" y que no irá a la AFIP a hacer la denuncia, sino al Ministerio de Justicia, que creará una oficina especial.

Advirtió que la información falsa brindada por un colaborador será considerada delito; que el monto mínimo a denunciar es de 500.000 dólares y que se exime de ser denunciantes a abogados, escribanos y contadores.

La participación de los legisladores del Frente de Todos se produjo cuando expuso Jimena de la Torre, abogada especialista en impuestos y política fiscal, exasesora en el Ministerio de Hacienda en la redacción de la Ley de Sinceramiento Fiscal y recientemente elegida para integrar el Consejo de la Magistratura.

"Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un sujeto pasivo y un sujeto activo. No tiene importancia el nombre que le pongan", explicó De la Torre.

En rechazo a parte del proyecto expresó que "lo más preocupante es que estamos convirtiendo al Estado Nacional en un vehículo para el lavado de activos. El origen de los fondos es fundamental. Este proyecto dice que no lo vamos a revisar", destacó De la Torre.

Previamente, el doctor en Ciencias Sociales de la UBA Pablo Manzanelli cuestionó duramente el endeudamiento durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri al recordar que fue "el monto más elevado desde 1976".

"El Gobierno actual hizo una reestructuración que debió haber sido más agresiva porque en el mejor de los casos pospusimos el pago de la deuda para mediados de los años 20", indicó.

Además, Manzanelli mencionó que "si uno no quiere hacer un ajuste, es necesario desplegar iniciativas que busquen resolver este gran problema".

"Este proyecto podría contribuir en ese sentido. No necesariamente lo resolverá", destacó.

Por su parte, el contador público y especialista en finanzas Andrés Edelstein afirmó que "esto es un blanqueo" y disconforme con el proyecto agregó que "no es oportuno porque en los últimos trece años existieron cuatro regímenes de estas características".

"Estos regímenes se implementan cuando se incrementa la percepción de riesgo por parte del contribuyente. Por ejemplo cuando está por ingresar un acuerdo de intercambio de información entre países. O cuando se dan circunstancias convenientes cuando se dan inversiones", describió.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, subrayó que "la Constitución establece que corresponde al Congreso arreglar la deuda exterior e interior de la Nación".

"Enfrentar el tema de la fuga de capitales en orden a atender al arreglo de la deuda externa es una norma que las provincias deben valorar porque liberan la carga del conjunto de las riquezas que no gozan de ningún beneficio y están expuestas como garantía del repago de la deuda", aseveró.

Y respaldó la figura del sujeto colaborador que brindaría al Estado información sobre dónde está el dinero fugado al exterior.