Desde mañana, los habitantes de la ciudad de San Luis se enfrentarán a un drástico incremento del 257% en el costo del boleto del transporte público, marcando un preocupante precedente en medio de la creciente ola de ajustes tarifarios que afecta a la población.

El aumento, que entrará en vigencia de manera inmediata, implica ajustes mensuales en el costo del boleto, impactando directamente en la economía de quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.

Este significativo incremento fue respaldado por los concejales , generando polémica y descontento entre la comunidad. La medida refleja un desafío adicional para los ciudadanos que ya enfrentan una compleja situación económica y financiera.

El incremento del boleto representa un golpe sustancial para los usuarios del transporte público, quienes verán afectados sus presupuestos mensuales.

La implementación rápida de la medida sorprendió a la población, dejando poco margen para ajustarse a la nueva realidad tarifaria.

La iniciativa contempla ajustes recurrentes, lo que agrega presión adicional a los ciudadanos y plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo.

El respaldo de los concejales vinculados genera debate sobre las decisiones políticas que impactan directamente en el bienestar de la comunidad.

Se espera que la medida genere diversas reacciones en la comunidad, desde el descontento hasta posibles acciones de protesta por parte de los afectados.

Este boletazo en San Luis resalta la necesidad de un diálogo abierto y transparente entre las autoridades y la comunidad para abordar las preocupaciones económicas de manera equitativa. 

Los gremios docentes de [Nombre de la Provincia] han expresado su creciente preocupación ante la situación salarial y las acciones de ajuste llevadas a cabo por el gobernador Claudio Poggi. La falta de actualización salarial, el pago de sueldos en cuotas y otras medidas de ajuste han generado un clima de tensión que pone en riesgo el inicio de clases.

El descontento entre los trabajadores estatales ha alcanzado niveles críticos, y la falta de diálogo con el gobierno agrava la situación. Los gremios, que han agotado las instancias de negociación, no descartan intensificar las medidas de protesta en respuesta a las acciones del gobierno.

Entre las principales preocupaciones de los gremios docentes se encuentran:

Sueldos en Cuotas: La modalidad de pago de salarios en cuotas ha generado malestar entre los trabajadores, afectando su capacidad financiera y generando incertidumbre respecto a la estabilidad económica.

Falta de Actualización Salarial: La ausencia de ajustes salariales acordes a la inflación y el costo de vida ha llevado a una pérdida significativa del poder adquisitivo de los docentes y trabajadores estatales.

Acciones de Ajuste del Gobierno Las medidas de ajuste implementadas por el gobernador, Claudio Poggi, han sido recibidas con rechazo, considerándolas como acciones que afectan negativamente a los trabajadores y sus condiciones laborales.

La falta de avances en las negociaciones y la creciente indignación entre los gremios docentes plantean un escenario incierto para el inicio de clases. Los educadores, conscientes de la importancia de sus reclamos, evalúan la posibilidad de recrudecer las medidas de protesta en defensa de sus derechos laborales y salariales.

La comunidad educativa y la sociedad en general se mantienen atentas a los desarrollos de esta situación, que podría tener un impacto significativo en el sistema educativo y en el bienestar de los docentes.

El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se cumplieron “todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución”, cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias de corrupción e incompatibilidades institucionales.

“El hallazgo del colectivo que había comprado la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado” afirmó la Agencia de Noticias del Estado Provincial.

“Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de cuentas” afirmaron.

Según la misma comunicación esa asamblea “será el viernes 2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece de un espacio físico propio”.

Advirtieron además que queda por resolver “el padrón de asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una irregularidad”.

La intervención impulsada por el gobierno provincial derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña, dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.

La AFA comunicó que para levantar la suspensión el gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la Liga “debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.

Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por "violación de deberes de funcionario público", por presuntos adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la Universidad de La Punta.

Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

El 15 de enero, Cintia Ramírez, en una conferencia de prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata “de una persecución política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá”.

“Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional, como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el club”, indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó “dentro de los procedimientos administrativos” vigentes.

Los trabajadores estatales de San Luis volverán a cobrar sus salarios, esta vez los correspondientes a enero, en dos cuotas, anunció el Gobierno de la provincia por medio de la Dirección de Recursos Humanos, se informó oficialmente.

Según el cronograma oficial, que se dio a conocer por medio de la Agencia de Noticias del Estado Provincial, los trabajadores de la Administración Pública de San Luis cobrarán el 31 de enero próximo el 50 por ciento de sus haberes, con un pago mínimo de bolsillo de 300.000 pesos; el saldo restante del salario se hará efectivo el 6 de febrero.

"De esta manera, con el pago mínimo del 31 de enero, los agentes de las categorías más bajas de la Administración estarán percibiendo un porcentaje mayor al 50 por ciento previsto para esa fecha", se indicó en un comunicado.

El texto oficial afirmó que, "pese a los esfuerzos realizados, no se podrá realizar el pago íntegramente a fin de mes por cuanto la Legislatura provincial no autorizó la materialización del convenio de adelanto transitorio de haberes con el Banco de la Nación Argentina".

Finalmente, el comunicado destacó que los haberes de los funcionarios "recién serán abonados una vez finalizado el pago de los salarios de todos los empleados de la Administración Pública".

El anunció se llevó a cabo mientras se desarrollaba el paro de 12 horas y la movilización convocada por las centrales sindicales, que en la capital de la provincia reunió más de cinco cuadras de manifestantes y se replicó en las ciudades más importantes de San Luis como Villa Mercedes y Merlo. En las manifestaciones el reclamo común fue "pago de sueldo entero".

A pocos días de asumir el cargo, el gobernador Claudio Poggi anunció una política de ajuste en la provincia, que incluyó que los salarios de los trabajadores públicos correspondientes a diciembre y enero se pagarán en dos cuotas.

Sin embargo, ante una acción de amparo presentada por la seccional San Luis de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo provincial, debió adelantar el pago de la segunda cuota del salario de diciembre de los trabajadores estatales.

La jueza Penal y Contravencional Daniela Benenatti ordenó en aquel momento al gobierno de San Luis que abonara "de manera urgente e inmediata los haberes adeudados al personal de la administración central y órganos descentralizados, hasta completar la totalidad de la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2023".